SAQUEO DE CORDE Y LA PRIVATIZACION

CREACION DE CORDE
 
La Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) está compuesta por veinticuatro (24) empresas en las que el Estado es accionista mayoritario, de las cuales doce (12) están cerradas y las demás operan con gran déficit. Estas empresas son:
1. Atlas Comercial Compañía, C. por A.
2. Compañía Anónima Tabacalera, C. por A.
3. Compañía de Seguros San Rafael, C. por A.
4. Compañía Dominicana de Aviación, C. por A.
5. Chocolatera Industrial.
6. Dominicana Industrial de Calzados.
7. Fábrica de Aceites Vegetales.
8. Fábrica Dominicana de Baterías, C. por A.
9. Fábrica de Clavos Herniquillo.
10. Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A.
11. Fábrica de Sacos y Cordelerías, C. por A.
12. Industria Nacional del Papel, C. por A.
13. Industria Nacional del Vidrio, C. por A. 14. Marmolería Nacional, C. por A.
15. Molinos Dominicanos, C. por A.
16. Molinos del Norte.
17. Minas de Sal y Yeso.
18. Pinturas Dominicanas, C. por A.
19. Planta de Recauchado.
20. Refinería de Sal.
21. Sociedad Inmobiliaria, C. por A.
22. Tecnometal, C. por A.
23. Tenería FA-2, C. por A.
24. Tejidos Antillanos, C. por A.
Se considera que las empresas que más se beneficiarán de este proceso de reforma, atendiendo a que sus respectivas áreas de desarrollo son las más atractivas, son la Compañía de Seguros San Rafael, Compañía Dominicana de Aviación (CDA), Fábrica Dominicana de Cemento, Marmolería Nacional, Molinos del Norte, Compañía Anónima Tabacalera y Minas de Sal y Yeso.
Ciertos servicios no caen dentro del ámbito de la reforma contemplada en esta ley, como es el caso de la privatización y/o arrendamiento de puertos, muelles y del sistema hidroeléctrico nacional. Además la ley, en su artículo tres (3), es clara al momento de establecer cuáles empresas públicas deberán sujetarse a su aplicación y que han sido citadas anteriormente.
Un artículo que debe ser resaltado al momento de establecer el ámbito de esta ley, es el número 25, en donde se plantea que los principios estipulados en esta legislación no se aplicarán a las compañías de transmisión de energía que se establezcan como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Ley General de Electricidad.
Aunque en este no se habla de privatización sino de reestructuración, se contempla en el mismo una división del sector eléctrico en áreas de generación, transmisión y distribución. La inversión será permitida en las áreas de generación y distribución, mientras que el área de transmisión quedará en manos del sector público.


DESMEMBRAMIENTO PERIODO 1966-1996


PRIVATIZACION 1997 A LA FECHA


El CEA, otrora considerado el espinazo de la economía nacional, llevaba años resintiéndose del declive de las cosechas de caña (zafras), la disminución de sus ingresos en divisas, el coste de mantener en nómina a una plantilla hipertrofiada como consecuencia de los compromisos clientelistas del PRSC y las pérdidas ocasionadas por la corrupción. Arrastrando deudas por valor de 83 millones de dólares, este emporio había perdido incluso su capacidad de abastecer el mercado interno para poder mantener su cuota preferencial de exportación a Estados Unidos.

Los lastres estructurales de la CDE eran básicamente los mismos (obsolescencia de las instalaciones por la ausencia de inversiones, exceso de burocracia, ineficiencia y corrupción internas, deudas millonarias), pero su impacto social era mucho mayor porque repercutían directamente en el servicio que recibían los abonados, que eran toda la población. Debía hablarse, en realidad, de falta de servicio, ya que las plantas generadoras tenían por costumbre castigar a barriadas y ciudades enteras con apagones que podían durar un día o incluso más horas, de lo que no se libraban cientos de miles de habitantes de Santo Domingo.

El suministro de energía en la República Dominicana era verdaderamente calamitoso, propio de los países menos desarrollados, hasta el extremo de limitar la capacidad productiva de las industrias. A mayor abundamiento, la corporación sólo facturaba la mitad de la energía que producía, llenando de cargas por subsidios a la tesorería pública. En la última presidencia de Balaguer, la CDE había estado debatiéndose entre acometer una drástica reestructuración en aras de la rentabilidad o venderse al capital privado. De hecho, tres distribuidoras privadas ya suplían hasta el 45% de la demanda de energía a través de las redes de la CDE, dependiendo de los niveles de producción de las centrales hidroeléctricas y de las unidades de generación de la propia firma estatal.

A la Administración de Fernández le faltó tiempo para decantarse por la segunda opción. El 18 de agosto, en su tercer día de vida, el Gobierno anunció un plan de privatización y reestructuración generales de la CDE, el CEA, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL) y las 24 compañías que integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), en el pasado pertenecientes al patrimonio personal del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina (1891-1961), la mitad de las cuales operaban con grandes déficits y la otra mitad ya habían suspendido toda actividad.


El presidente instó a los dos partidos mayoritarios que controlaban el Congreso a que trabajaran conjuntamente con el Gobierno y el PLD para la aprobación del nuevo marco legal de las citadas corporaciones. Los objetivos no eran otros que mejorar el suministro energético y liberar de gastos al Estado. El PRSC y el PRD tomaron en consideración el vasto proyecto, pero en cambio pusieron múltiples objeciones al primer borrador de los presupuestos del Estado de 1997 que les presentó el Ejecutivo, obligando a Fernández a negociar las oportunas correcciones. No transcurrió, pues, mucho tiempo hasta poder dictarse el acta de defunción del FPN. Es más, los socialcristianos, guiados por Balaguer con su celo habitual, tendieron a alinearse con los perredeístas, generando la imagen de un presidente atado de pies y manos por el Legislativo.

La campaña anticorrupción, una de las banderas políticas del PLD, conoció sus limitaciones tan pronto como apuntó al entorno de funcionarios que debían sus prebendas al balaguerismo. Algo más de éxito tuvo el presidente en la extensión de su autoridad al estamento castrense, consiguiendo el cese de varios oficiales de alta graduación amonestados por asuntos de insubordinación o corrupción, así como el arresto, en marzo de 1997, de tres generales en la reserva, Joaquín Antonio Pou Castro, Salvador Lluberes Montás y José Isidoro Martínez González, por su presunta participación en el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley en 1975, uno de los crímenes sin resolver de los ominosos doce años (1966-1978) de Balaguer.

Donde sí encontró Fernández el espíritu de consenso que reclamaba a los partidos fue en torno al plan de privatizaciones. Tras pasar el escrutinio de las dos cámaras del Congreso Nacional y obtener el respaldo unánime de la oposición, la llamada Ley General de Reforma de la Empresa Pública fue promulgada el 24 de junio de 1997 y a continuación se puso en marcha la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) como el organismo encargado de conducir el proceso de capitalización. Pero los modos, mediante licitación, y los resultados de esta transformación histórica iban a ser harto discutibles, por no decir censurables.

Esta última valoración atañó sobre todo a la privatización de la CDE, que no fue total porque el Estado retuvo algunos servicios y se reservó una participación de capital en calidad de copropietario, a través de la nueva Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El patrimonio de la antigua CDE fue dividido en tres áreas, generación, transmisión, y distribución y comercialización, permitiéndose la entrada del capital privado en los ámbitos primero y tercero, y manteniendo el Estado la titularidad del segundo (así como las presas hidroeléctricas en la parte de generación). Se constituyeron dos empresas generadoras, EGE Haina y EGE Itabo, otorgadas al consorcio New Caribbean Investment, y tres de distribución, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este (también llamadas Edenorte, Edesur y Edeeste), que fueron ganadas por dos transnacionales extranjeras, la española Unión Fenosa y la estadounidense AES Corporation. La CDEEE puso el 50% de capital de las EDE Norte y Sur, quedando la otra mitad en manos de Unión Fenosa.

La privatización de la CDE, consumada entre agosto y octubre de 1999, adquirió proporciones de fiasco, ya que las nuevas compañías energéticas se mostraron incapaces de garantizar el suministro. Los cortes de luz continuaron estando a la orden del día, prolongándose con frecuencia hasta 20 horas. Con todo, Fernández y su equipo, ya al final de su mandato, no se decidieron a tomar cartas en un asunto que presentaba las trazas de una estafa al Estado. Peor aún, las tarifas eran caras, todo lo cual concitó un sinfín de quejas por negligencia, abuso y desfachatez contra las compañías implicadas. Las distribuidoras replicaron defendiendo su derecho a cortar el suministro a los clientes morosos, en masa si era necesario, y exigiendo al Gobierno acciones vigorosas para impedir los robos a gran escala en la red eléctrica.

LA CREP

Es una entidad adscrita a la Presidencia de la República Dominicana, creada mediante la ley número 141-97, promulgada el 10 de junio de 1997, cuya función es la conducción y dirección del proceso de reforma y transformación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL). La CREP está integrada por un presidente y cuatro miembros, designados mediante decreto por el Poder Ejecutivo. Desde el 17 de agosto del 2005 la CREP es presidida por el Licenciado Fernando Rosa. Completan la dirección los comisionados Gabriel del Río, Francisco Ramírez, Justo Pedro Castellanos y Celio Guerrero. Es una entidad adscrita a la Presidencia de la República Dominicana, creada mediante la ley número 141-97, promulgada el 10 de junio de 1997, cuya función es la conducción y dirección del proceso de reforma y transformación de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL). La CREP está integrada por un presidente y cuatro miembros, designados mediante decreto por el Poder Ejecutivo. Desde el 17 de agosto del 2005 la CREP es presidida por el Licenciado Fernando Rosa. Completan la dirección los comisionados Gabriel del Río, Francisco Ramírez, Justo Pedro Castellanos y Celio Guerrero.

Ver tambien:

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