1).- CASO FONPER CONTRA LOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD
El FONPER –antigua CREP— acusa a Edgar Pichardo, presidente de la distribuidora de electricidad, Pastor Sanjurjo, gerente general y a la empresa Haina Investment Company, LTD, administradora de EGE-Haina, de violar el contrato suscrito el 28 de octubre de 1999, cuando el país inicia el proceso de privatización del sistema eléctrico.
De igual manera, la entidad, que maneja los fondos de las empresas que fueran privatizadas y estatizadas durante el primer período de gobierno de Leonel Fernández, presentó un emplazamiento judicial contra Jesús Bolinaga, presidente de EGE-ITABO, New Caribbean Investments, S. A., empresa que además es cien por ciento propiedad de AES Corporation, administradora de Ege-ITABO, por transgredir lo establecido en el contrato del 8 de agosto de 2001. Otra sustentación de la querella reside en que la institución estatal es la propietaria del 49.7 % del capital de cada una de las distribuidoras, ya que el 0.03 por ciento del capital corresponde a los antiguos trabajadores de la CDEEE.
El punto 17 del sometimiento judicial expresa que: “la minera suiza Glencore International AG, beneficiaria del pago de sobreprecios en la compraventa de carbón mineral de las minas colombianas de su subsidiaria “Prodeco”, es la principal accionista de la minera inglesa “Xstrata, PLC”, empresas que se han traspasado entre ellas, en varias ocasiones, las operaciones de las minas de carbón colombianas de donde fue suplido el carbón mineral adquirido por los administradores privados de “EGE ITABO”.En tal virtud, el articulado siguiente de la querella demuestra la comisión de “fraude , dolo y falsificación en escritura privada” por el uso indebido del Registro Nacional de Contribuyentes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Falconbridge Dominicana (SUTRAFADO), bajo supuestos acuerdos comerciales que nunca se llevaron a cabo, por un valor superior a los 1,700 millones de pesos, con la intención de abultar falsamente sus gastos, perjudicando por ese mismo mecanismo tanto al FONPER como al Estado dominicano.
El documento acusatorio destaca que el 24 de enero de 2012, el ministro de Trabajo de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito, casualmente hoy nombrado al frente del Ministerio Público como procurador general de la República, recibió una denuncia de SUTRAFADO, dando cuenta de que “entre los años 2007 y 2008 la administración de “EGE ITABO” hizo uso indebido del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) número 420-00013-2 de este sindicato, reportando a la administración tributaria, supuestos acuerdos comerciales por un monto superior a los mil setecientos millones de pesos dominicanos y al reportar falazmente gastos que nunca ocurrieron para apropiarse de este modo de los fondos sociales usados para pagar dichos gastos, reduciendo los beneficios a distribuir por parte de EGE-Itabo entre todos sus accionistas, incluyendo al FONPER”.
2).- CASO PEME Y LOS FUNCIONARIOS DEL PRIMER GOBIERNO DE LEONEL
En el a?000, funcionarios del entonces gobierno del doctor Leonel Fernadez Reyna, fueron acusados de corrupcion el Programa de Empleo Minimo Eventual, PEME, por el mal manejo de mas de RD$1,400 millones.
El doctor Fernandez siempre defendio programa, como un mecanismo para desactivar protestas barriales. "Pagar para no matar", una consigna que causa descontento en la poblacion Y posiblemente, una de las causas que provocaron disminucion e popularidad hacia el Partido de la Liberaci?ominicana.
Por el caso PEME fueron apresados y sometidos a la justicia los dirigentes peledeístas Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas, Luis Inchausti, Noe Camacho, Grecia Peguero, León Antonio López Mata, acusados de estafar al Estado con más de mil millones de pesos.
En fecha 7 de noviembre del año 2001, la Cámara de Calificación de la entonces Corte de Apelación de Santo Domingo, envió por ante un tribunal criminal a los prevenidos, decisión que fue recurrida por ante la Suprema Corte de Justicia.
3).- AUDITORIA Y SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA ADMINISTRACION AMABLE ARISTY
Enlace auditorias Camara de cuentas LMD 2006 y 2009
Liga Municipal Dominicana 2006
Liga Municipal Dominicana 2009
SANTO DOMINGO, RD.- El juez de Instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó este jueves el archivo definitivo del expediente que pesaba contra Amable Aristy Castro, y rechazó el auto del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de retomar la investigación por los alegados actos de corrupción que éste alegadamente habría cometido durante su gestión en la Liga Municipal Dominicana (LMD).
En ese sentido, el juez Juan Hiroito Reyes Cruz declaró extinguida la acción penal en contra del legislador por la provincia La Altagracia, que ordenaba continuar investigándolo por supuestas irregularidades penales en la LMD.
Expresa el magistrado en su sentencia, que en la auditoria provisional y la definitiva de la Cámara de Cuentas, las irregularidades encontradas en la gestión de Aristy Castro al frente de la LMD, no lo comprometen penalmente.
También señala en su fallo, que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho como establece el principio constitucional, y que éste fue investigado y que el Ministerio Público ordenó el archivo de manera provincial en su contra.
El magistrado Juan Hirohito Reyes tomó la decisión tras recibir una objeción que presentó el legislador en contra del auto que ordenaba reabrir una investigación que había sido archivada de manera provisional, por la Dirección de Persecución de Corrupción Administrativa (DPCA).
4).- SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA Y AUDITORIA FELIX BAUTISTA A SU GESTION OISOE (OFICINA INGENIERIA SUPERVISORA OBRAS DEL ESTADO
Auditoria camara de cuentas
El 13 de agosto de 2012, el DPCA emitió el auto no. 03093, donde archiva de manera definitiva las denuncias del PRD, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios de comunicación, sobre supuestos actos de corrupción cometidos por el senador de San Juan de la Maguana.
La magistrada Esther Agelán Casasnovas, jueza especial de instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), consideró que la investigación que realizó la DPCA contra Félix Bautista no encaja con el tipo penal enunciado en la ley, por lo que procede a confirmar el archivo del expediente.
4-1).- Expediente Felix Bautista/Sun Land
El caso de la Sunland
Dijo que la DPCA estableció que el 18 de diciembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia relacionada con el caso Sun Land. Agregó que al examinar la referida decisión y los documentos acreditados por ella misma, se determinó que el referido contrato fue resuelto de manera definitiva, o sea, que las partes suscribientes decidieron dejar sin efecto el alcance y contenido. “La DPCA investigó y analizó, a través de un auditor forense, todos los movimientos de la cuenta Sun Land en el Banco de Reservas y los movimientos de las cuentas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), estableciendo que la Sun Land nunca depositó dinero en las cuentas de la OISOE”, agregó.
Dijo que la DPCA estableció que el 18 de diciembre de 2008, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia relacionada con el caso Sun Land. Agregó que al examinar la referida decisión y los documentos acreditados por ella misma, se determinó que el referido contrato fue resuelto de manera definitiva, o sea, que las partes suscribientes decidieron dejar sin efecto el alcance y contenido. “La DPCA investigó y analizó, a través de un auditor forense, todos los movimientos de la cuenta Sun Land en el Banco de Reservas y los movimientos de las cuentas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), estableciendo que la Sun Land nunca depositó dinero en las cuentas de la OISOE”, agregó.
5).- SOMETIMIENTO VICTOR DIAZ RUA POR CONTRATOS AC-30
SANTO DOMINGO. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, informó que está apoderada de dos querellas en contra del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, en las que se establece que durante su gestión se cometieron diversos delitos en perjuicio del Estado, entre ellos estafa, corrupción y lavado de activos.
Asimismo, que durante el proceso de la investigación que lleva personalmente se ha interrogado a varias personas.
También solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas e informaciones a diversas instituciones del Estado.
Además, se procedió a inmovilizar cuentas bancarias millonarias del ex funcionario mediante una orden de un juez de la Instrucción.
Detalla que en el caso también se investiga a Mustafá Abu Naba'a y a otras personas que habrían estado vinculadas a la comisión de varios delitos relacionados al proceso en cuestión.
Reynoso manifestó que su compromiso como fiscal de carrera sólo es con la Constitución y las leyes.
También advirtió que el que está convencido de que no ha cometido ningún delito no tiene necesidad de usar otros recursos para defenderse distintos a los que dispone la Ley.
"Los delitos investigados son graves, ya que se trata de sumas de dinero millonarias que se obtuvieron como consecuencia de actos de corrupción cometidos en contra del patrimonio dominicano".
En una nota de prensa, la Fiscal no establece quiénes motorizan las dos querellas en contra de Díaz Rúa.
Tampoco habla del monto que envuelve la presunta estafa y el lavado de activos.
DL trató de contactar al ex funcionario para conocer su reacción en torno al caso, pero las gestiones resultaron infructuosas.
Reynoso no ofrece detalles sobre los perjuicios que habría cometido el ex funcionario en contra del Estado, ni el litoral que alegadamente ejerce presión en su contra por el caso.
Díaz Rúa fue ministro de Obras Públicas durante la gestión del ex presidente Leonel Fernández.
Acción directa de la fiscal
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, decidió asumir personalmente las investigaciones de lo que se califica como voluminoso expediente en contra del ex funcionario. La representante del Ministerio Público asegura que las investigaciones en contra del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa están avanzadas.
6).- SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA DE LEONEL FERNANDEZ, Y FUNGLODE
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción falló ratificando el archivo de expediente por corrupción contra Leonel Fernández, sometido por Guillermo Moreno.
Primer Juzgado de la Instrucción es presidido por el juez Román Hiciano Berroa y rechazó el recurso de oposición sometido por Guillermo Moreno contra la decisión de la Fiscalía del Distrito Nacional, de archivar la querella contra Leonel Fernández por corrupción y lavado.
En caso de que hubiese fallado a favor del recurso interpuesto por Guillermo Moreno, la Fiscalía del Distrito Nacional se habría visto obligada a ordenar una investigación sobre las denuncias contraFernández y su ong Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
7).- VENTA DE ACCIONES ANTENA LATINA
Adquisición de Antena Latina por “allegados” del Monarca.
Con el sabotaje de la venta de las acciones del Estado dominicano en Antena Latina, necesariamente habrá que abrir “nuevas licitaciones” para adquirirlas… Las cuales estarán a cargo del Instituto Dominicano de las Comunicaciones (INDOTEL)…
No hay que ser adivino, mago o astrólogo para saber lo que acontecerá finalmente con ese “patrimonio del pueblo dominicano”: Se adjudicarán a “empresarios”, que ofertaron “más dinero” que todo el mundo… Elementalmente, “allegados” al Emperador de Quisqueya.
Dinero proveniente de… Imaginen de donde….
CONCLUSIÓN:
Esta jugada maestra de altos quilates, planeada por los estrategas de Funglode, necesariamente hace que me quite el sombrero ante ellos.
1) Permiten que el grupo de Alicia Ortega, hagan y deshagan, para entonces “descubrirlos”, estropear el negocio y de paso, DESACREDITARLOS ante la opinión pública nacional e internacional.
2) Mientras, que en los próximos días, de forma "limpia y transparente", bajo los aplausos de bocinas y pendejos dominicanos, se harán con la propiedad de Antena Latina, para CONSOLIDAR el dominio comunicacional del cual disfrutan impunemente.
Ya lograron “conquistar” al medio del kilómetro cero mediante hábil trampa, tienen bajo “asedio y bloqueo” al medio de la Emilio Morel para obligarlos vender, han extendido el “conflicto familiar” para obligar la “partición y venta” del medio del héroe restaurador, han hecho fabulosas ofertas por otros que son “líderes de opinión”… Mientras que han repartido “entre los suyos” en especial en cierta ave de mal agüero “líder opositor” los medios incautados al Baninter.
Así están las cosas en Santo Domingo, ante la sodomización manifiesta de los dominicanos, quienes no reaccionan ni reaccionaran jamás ante tan tamaña ofensiva imperial.
8).- SOBREVALUACION DE LOS SUPER TUCANOS
El dirigente de izquierda asegura que el coste real de cada una de las ocho aeronaves era de 1,250,000 dólares, sumando un total de 10 millones de dólares y no los 98.6 millones de dólares que costaron al país
Santo Domingo.- Narciso Isa Conde afirmó este fin de semana que la posible sobrevaluación en la compra de los aviones Súper Tucanos que República Dominicana adquirió de Brasil habría alcanzado los 88.6 millones de dólares y acusó de hurto al expresidente Leonel Fernández y varios exaltos jefes militares por confabularse para beneficio propio.
Isa Conde aseguró que el coste real de cada una de las ocho aeronaves era de 1,250,000 de dólares, haciendo un total de 10 millones de dólares y no los 98.6 millones de dólares que costaron al país.
El coordinador del Movimiento Caamañista dijo que los datos que ofrece pueden ser comprobados fácilmente en la publicación de R.S Warbird (teléfono (623).703-3500) sitio www.controller.com, localizable en Internet, en la Pág.55, que establece que el precio real de ese tipo de nave reconstruida -Tucano short MK1 de cuatro hélices, cabina full- es de 1,250,000 millones de dólares la unidad.
Estas declaraciones suministradas por el dirigente de izquierda, Isa Conde, surgen después de que al país llegara la información de que las autoridades de Estados Unidos y Brasil están investigando si Embraer SA sobornó a funcionarios de República Dominicana a cambio de contratos para vender aviones de defensa, en especial los Súper Tucanos.
Isa Conde precisó también “que el 7 de agosto de 2008 el Senado de la República recibió a los generales Pedro Peña Antonio, Altuna Tezanos, Hugo González Borrel, Pedro Valenzuela Quiroz (asistente del ministro), al coronel Carlos Picini (compadre de Peña Antonio) y a Andrés Vanderhorts (Director de Aviación Civil) para escuchar las fundamentaciones de esa compra y darle curso“.
El dirigente comunista agregó “que el coronel Carlos Picini, -ahora acusado de recibir por esa operación un soborno de 3.4 millones de dólares-, sin ser piloto, estuvo a cargo de la exposición técnica“.
“Esa versión procede de un banco estadounidense usado para el lavado de esa suma y la misma ha catapultado al presente lo que antes se taponó, aun después publicada la esencia de esa operación dolosa en el 2008 en el mensuario ‘Tiro al Blanco‘”, destacó.
9).- CASO DE ADUANAS CONTRA LOS ANGELITOS HIJOS DEL FUNCIONARIO DEL PLD, DE SANTIAGO.
Tres años después de observar cómo la justicia dominicana titubeó sin decidir apertura de juicio contra tres imputados de dejar pasar furgones sin verificar a cambio de dinero, en la Dirección Nacional de Aduanas, la entidad decide dejar sin efecto el sometimiento judicial que hiciera contra sus empleados, entre los que se encontraba el hijo de un legislador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de que la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, responsable de conducir entonces las primeras indagatorias del caso, determinara que había pruebas suficientes en contra de los involucrados.
Y en efecto, el sistema judicial dominicano, al parecer, apostaba a que el contrabando detectado en las Aduanas de Santiago en julio de 2010, se extinguiera entre la bruma del tiempo y el olvido.
Una cosa sí es cierta, el presunto fraude ?que en una segunda etapa incluyó lavado de activos? evidenció la vulnerabilidad de las recaudaciones fiscales por la entrada de mercancías al país.
El sistema judicial parece jugar a que el contrabando detectado en las Aduanas de Santiago en julio de 2010 se extinga en el tiempo y el olvido. El presunto fraude ‒que ahora incluye lavado de activos‒ evidencia la vulnerabilidad de las recaudaciones fiscales por la entrada de mercancías al país. La investigación del Ministerio Público no despeja las dudas de si parte de la campaña electoral de dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las últimas votaciones congresuales habría sido financiada con recursos obtenidos a través de las Aduanas durante el primer semestre del año 2010.
Uno de los imputados es hijo del diputado Adalberto Rosa. Otro de los relacionados con el caso, aunque al final no figura como imputado, es Hamlet Rodríguez, hijo de Ramón (Monchy) Rodríguez, presidente del Comité Municipal del PLD en Santiago y actual director de los Comedores Económicos.
Los imputados del caso son Adalberto Rosa Rosario, subcolector operativo del depósito fiscal Now Logistics; Herald Estévez Peña, administrador, y Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera, aforador II. La lista inicial se amplió con la inclusión de Pedro José Almonte Luna, residente en Esperanza, Valverde Mao, y presidente de Papo Shipping; Patria de Jesús Vargas, domiciliada en Santo Domingo Oeste, y sus hijos José Rafael Marte de Jesús, de San Francisco de Macorís, y Juan José Marte de Jesús, de Santo Domingo Este.
Los imputados del caso son Adalberto Rosa Rosario, subcolector operativo del depósito fiscal Now Logistics; Herald Estévez Peña, administrador, y Miguel Ángel de Jesús Lazala Cabrera, aforador II. La lista inicial se amplió con la inclusión de Pedro José Almonte Luna, residente en Esperanza, Valverde Mao, y presidente de Papo Shipping; Patria de Jesús Vargas, domiciliada en Santo Domingo Oeste, y sus hijos José Rafael Marte de Jesús, de San Francisco de Macorís, y Juan José Marte de Jesús, de Santo Domingo Este.
También figuran como imputados el abogado Gibrán Abukarma Martínez, con domicilio en la calle 27 de febrero de San Francisco de Macorís; Héctor Manuel García Ortega, residente en la calle Hatuey, Torre Vista Park, en el Distrito Nacional, y Ramón Leonardo García Feliú, domiciliado en la urbanización Caperuza, en San Francisco de Macorís.
Cuando el caso saltó a los medios en julio de 2010, era vox pópuli en Santiago lo que sucedía alrededor de estos empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los elevados consumos en centros nocturnos llamaban la atención, narran fuentes del Ministerio Público. En adición, nueve meses antes, en noviembre de 2009, Wellington Peterson, encargado de Almacenes y Depósitos de la DGA, a nivel nacional, había alertado a sus superiores de que algo “raro” sucedía. Un segundo informe fue presentado a inicios del año 2010, según testimonio de Peterson, uno de los investigadores del caso.
El contrabando habría sido develado porque a uno de los beneficiarios lo dejaron fuera de la repartición y, en represalia, denunció a sus compañeros, aunque en retribución a las informaciones suministradas no fue incluido en el expediente acusatorio, narran fuentes.
“Para que un fraude de esa magnitud ocurriera, tenía que estar involucrada mucha gente, porque si se respetan los procedimientos, cuando se verifica un furgón tiene que participar una comisión formada por representantes de diversas instituciones, por ejemplo, miembros de la policía (PN), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), representantes de los importadores, y de la DGA”, explica Peterson, ex empleado de Aduanas.
“Ni muerta me retracto”. Las indagaciones encabezadas por Yeni Berenice, entonces fiscal de Santiago, se iniciaron en junio de 2010, pero no fue hasta el 9 de febrero de este año cuando el Ministerio Público presentó la acusación. Esta vez, calzada con la firma de su sucesora, Luisa Liranzo.
El proceso, sólo para que un juez decida apertura de juicio de fondo, ya lleva tres reenvíos. La primera audiencia se efectuó el pasado 9 de abril, la segunda el 28 de mayo y la tercera el 10 de agosto. La próxima fue fijada para el 19 de octubre. El Ministerio Público ha solicitado algunos de los aplazamientos.
Tanto el consultor jurídico de la DGA, Gerardo Rivas, en la administración de Rafael Camilo, como el procurador fiscal de la Unidad contra el Lavado de Activos, Germán Miranda Villalona, se desligan de la lentitud del proceso. Rivas observa que la DGA no tiene nada que ver con lavado de activos, “sólo nos concierne el contrabando y la evasión fiscal”.
Olaya Dotel: "Credibilidad de Policía y Ministerio Público está cuestionada"
Olaya Dotel: "Credibilidad de Policía y Ministerio Público está cuestionada"
La credibilidad de la Policía y el Ministerio Público (MP) está cuestionada y frecuentemente el espacio donde se registran hechos delictivos es dañado, dijo Olaya Dotel, en El Gobierno de la Mañana de la Z101.
"Mientras no se resuelvan los casos Baldera Gómez y el del empresario de Moca, seguirá en entredicho la credibilidad de la Policía y la justicia".
Dotel agregó que, en muchas oportunidades, el MP ha actuado "como cómplice de la Policía". Puso de ejemplo el caso del residencial Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata, donde miembros del cuerpo del orden ultimaron a uno de los residentes.
Añadió que las autoridades argumentaron que se trataba de una "peligrosa secta" que traficaba con órganos humanos, lo que no se ha probado.
"Muchos expediente se sustentan en la confesión lograda, fundamentalmente, a base de torturas, como denunciaron acusados en el caso del empresario mocano", enfatizó.
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