CONTRADICCIONES DEL TODOPODEROSO LIDER MORADO SOBRE LA SENTENCIA 168-13
La sentencia establece que 668,145 ciudadanos están
en la misma condiciones de Juliana Dequis, que habían sido despojado de su
nacionalidad por la JCE, sin embargo la junta solo le ha devuelto la
documentación a 55,000 personas, la pregunta del millón que pasa con las
667,145 personas adicionales? Son haitianas o dominicanos? Donde están? Ese es
el verdadero conflicto que la prensa no ha destacado.
Citamos la pagina 23-147 de la sentencia
168-13
§1.1.3. La
suma de los inmigrantes y sus descendientes constituye la población de origen
de extranjero, y su magnitud, de acuerdo a dicha encuesta, se sitúa en
setecientas sesenta y ocho mil setecientas ochenta y tres (768,783) personas,
lo cual representa el 7.9% de la población total del país. Los extranjeros
originarios de otros países diferentes a Haití ascienden a cien mil seiscientas
treinta y ocho (100,638) personas, mientras que los de origen haitiano suman
seiscientos sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco (668,1453). La
recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre es solo una de esas seiscientas
sesenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco (668,145) personas, por lo
que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a
otra gran cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes, los cuales
constituyen el 6.87% de la población que habita en el territorio nacional. De
acuerdo con informaciones publicadas en la prensa dominicana, la Dirección
General de Migración de la República Dominicana solo tiene legalmente
registrados la cantidad de once mil (11,000) inmigrantes haitianos, lo cual
representa un ínfimo 0.16% del total4.
Creo que el artículo
del presidente Fernández ayuda a la discusión del tema, aunque no comparto
todos sus criterios y entiendo que no aporta una solución al problema generado
por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Tiene razón cuando
señala que la forma en que se adjudica la nacionalidad es un tema de derecho
nacional (no internacional). También cuando señala que el derecho internacional
sólo es aplicable en materia de nacionalidad cuando se refiere al
reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Hasta ahí su artículo no
tiene desperdicios. Pero entonces entra en contradicción cuando pretende
resolver el conflicto de Juliana (que es el de miles) a través de la
naturalización, lo que implica previamente despojarla de su nacionalidad
dominicana. Pregunto: ¿y si Juliana no llenara los requisitos para la
naturalización? Pues no la obtendría y quedaría sin nacionalidad. Y por favor,
no volvamos al argumento de que esa dominicana (tan dominicana como yo o como
todos ustedes) tiene la nacionalidad haitiana, pues no tiene ningún documento
que así lo establezca y para obtenerlo tendría que pasar el Niagara en
bicicleta. Pero además, todos sabemos que ser nacional por naturalización no
comporta los mismos derechos que serlo por origen (sea por jus Solís o jus
sanguinis).
Estoy de acuerdo con
el Presidente Fernández que las sentencias del TC son definitivas, pero
agregaría, excepto en materia de derechos humanos, donde la palabra final la
tiene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque así lo hemos
decidido los dominicanos ratificando la Convención Americana de los Derechos
Humanos y reconociendo la competencia de la Corte (por cierto, fue el propio
presidente Fernández quien instrumentó este reconocimiento).
Qué ocurre cuando en
materia constitucional existe un choque entre una sentencia de la Suprema Corte
de Justicia y otra del TC? Pues se impone el criterio del TC. "La cosa
juzgada constitucional" señala el presidente Fernández, citando una
sentencia del TC. Muy bien, así es. Lo mismo pasa cuando existe un choque en
materia de derechos humanos entre el TC y la Corte Interamericana de los
Derechos humanos, sólo que aquí se impone la de la Corte. Ya la Corte fijó su
criterio sobre el concepto de tránsito, que no puede ser variado por el TC en
forma retroactiva, como ha pretendido hacerlo.
Dice el presidente
Fernández que lo que ha ocurrido es un choque entre el concepto de Soberanía y
el de derechos humanos. Por lo menos eso es lo que deduzco de su esfuerzo por
"conciliar la noción de soberanía nacional con la de respeto a los
derechos humanos." Si se deben conciliar, es porque chocan. Pues bien,
prefiero la posición de Eduardo Jorge Prats, en el sentido de que el esfuerzo
de armonizar derechos en conflicto solo es posible cuando tales derechos son
derechos humanos, pero que cuando el conflicto ocurre entre un derecho del
Estado y un derecho humano, no hay nada que armonizar, que conciliar, pues se
impone el derecho humano.
Estoy de acuerdo con
el presidente Fernández en que debe ponerse en ejecución sin pérdida de tiempo
el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación irregular, pero
también de que debe buscarse una solución al problema que ahora confrontan los
dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera (sobre todo haitiana), que
sea compatible con el respeto a sus derechos humanos y el presidente Fernández
no aporta dicha solución en su artículo.
Y creo que el
presidente Fernández sabe cuál es la solución pero no la aporta porque teme
enfrentarse a aquellos que tienen una posición de nacionalismo extremo y
absoluto, algunos de los cuales están muy cerca de su entorno. Y lo creo así
porque escuché una grabación de una charla del presidente Fernández en
Washington que estaba mucho más cerca de mi posición que la que refleja ahora
en su artículo. La prensa se ha hecho eco de frases del presidente Fernández
criticando la aplicación retroactiva que hace el TC y de su opinión del
indudable arraigo de Juliana con su país.
Todo el problema se
resume en pretender aplicar retroactivamente los nuevos criterios sobre el
concepto de tránsito. Creo que todos estaríamos de acuerdo si lo aplicamos sólo
a partir de la proclamación de la Constitución del 2010, que además contiene
una amnistía cuando señala que son dominicanos y dominicanas todos los que
tenían esa nacionalidad al momento de su proclamación. Y esa es la solución:
aprobar una ley que haga operativa esa amnistía que contiene la Constitución.
Pero como es un tema que divide al país, nuestros líderes juegan a la
prudencia, al uso comedido de la palabra, a no expresar sus verdaderas
opiniones sino aquellas que sean "políticamente correctas", sin
importar que lo que está en juego son los derechos humanos.
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