La Fiducia Banreservas-Ministerio de Obras Publica, es lo que se llama y By-pass, para sacar del control del presupuesto nacional los recursos cobrados por los peajes del pais, a pesar de que la ley No. 567-05 que crea la Tesoreria Nacional, establece la centralización en una cuenta unica los recursos que son generados directamente por los diferentes ministerios y direcciones generales, refrendada por la ley general de presupuesto.No. 423-06, sin embargo por un tecnicismo legal avalado por el congreso nacional se crea el FIDUDEICOMISO RD-VIAL, para que los recursos generados por los peajes del pais sean manejado por esta nueva institucion, al margen de la ley de presupuesto.
La “Ley” como pretexto
Desde tiempos inmemoriales, la ley ha sido escrita, promulgada y utilizada con justicia e injusticia. Por eso, el argumento del respeto al “imperio de la ley” hay que tomarlo con prudencia y criticidad. A veces es un pretexto para lo injusto e inapropiado.
Podría traer a colación varios ejemplos para explicar el postulado anterior, pero aquí me referiré sólo a los peajes, tema de renovado interés en estos días en que el gobierno busca afanosamente dinero para saldar deudas acumuladas.
El presidente Danilo Medina es de poco hablar, pero a veces se dispara con justificaciones poco dignas del don humanista que busca proyectar desde la Presidencia, y tanto apoyo le ha generado.
En su visita a Samaná la semana pasada expresó que no podía disponer la reducción de los peajes en las carreteras de Samaná y las Terrenas porque las tarifas fueron establecidas en contratos aprobados por el Congreso Dominicano, a favor de las compañías privadas que construyeron esas carreteras, y él, como presidente, tiene que respetar la Ley.
Esos contratos, como ya sabe mucha gente, requieren al Gobierno pagar anualmente la diferencia entre lo recaudado por peajes y la cantidad que dichas compañías constructoras establecieron como monto que debían ganar anualmente.
Esto significa que la construcción de esas carreteras ha sido un negocio redondo para las empresas concesionarias. Si el peaje no deja el beneficio requerido, el gobierno paga la diferencia.
Pregunto: ¿cuántos negocios en este país obligan al Estado a pagar la diferencia entre lo que ganan y lo que desean ganar?
En el capitalismo, supuestamente, reina la capacidad de riesgo empresarial. Si los empresarios ven oportunidad hacen negocios; si no, no lo hacen. Sin embargo, esa no fue la lógica que predominó en la negociación entre las empresas constructoras de esas carreteras y el Gobierno Dominicano.
Pregunto: si el tráfico vehicular por esas carreteras es tan bajo que no genera beneficios, ¿para qué las construyeron? O si el beneficio deseado por las empresas sobrepasa la capacidad de generación de ingresos por peaje, ¿por qué el Estado aceptó un chantaje? ¿Quiénes ganaron comisiones en esas negociaciones?
Danilo Medina no sólo dijo en Samaná que tiene que respetar la Ley, sino también que las compañías constructoras de esas carreteras necesitan el ingreso para pagar sus préstamos. ¿Es esa una justificación válida?
Si una empresa buscó un préstamo por un monto mayor del que podía pagar, entonces el banco que prestó corre el riesgo y debe asumir posibles pérdidas, no el pueblo dominicano que ni siquiera puede usar mucho esas carreteras.
Se podrá decir que los choferes no están obligados a transitar por esas vías, y de hecho, si hay alternativas, evitan los peajes, como ha ocurrido con la nueva circunvalación de Santiago, que para ser utilizada, el gobierno tuvo ahora que reducir el peaje.
Todos los gobiernos ofrecen subsidios a la población en distintas áreas, pero deben limitarse a subsidios directos, no a compensar empresarios en busca de grandes ganancias.
Si el gobierno construye una carretera con un préstamo, tiene que pagarlo con intereses, y para eso cobra impuestos. Pero si una empresa privada construye la carretera y establece por ley sus niveles de ganancia, es una mala ley.
Conclusión: hay que respetar las leyes, pero no todas las leyes son justas. Por eso, antes de emitir una ley, el Congreso y el Poder Ejecutivo deben pensar más en el bienestar de la ciudadanía. Si se equivocan, a propósito o no, entonces hay que modificar la ley en busca de justicia, no usar la ley como pretexto para mantener la injusticia.
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