PERIODO DE GOBIERNO 1996-2000
La primera presidencia (1996-2000): privatizaciones, estabilidad macroeconómica e integración en el comercio regional
El 16 de agosto de 1996 Fernández recibió la banda presidencial con mandato hasta 2000. En su discurso inaugural, hizo un llamamiento a la unidad de las principales fuerzas políticas y reiteró su oferta de formar un Gobierno de concentración para vertebrar un proyecto nacional dominicano, aunque del PRD ya tenía el no por respuesta. En cuanto al PRSC, sí iba a integrarse en el Gabinete, pero en grado mínimo, impidiendo que pudiera hablarse de un Ejecutivo de coalición propiamente dicho.
El flamante mandatario volvió a enumerar sus prioridades: modernizar el Estado y la estructura productiva; incentivar la pequeña y la mediana empresa, así como la inversión foránea, con un abanico de franquicias y estímulos fiscales; crear empleo y reducir los niveles de pobreza; salvaguardar la estabilidad macroeconómica sin dañar el poder adquisitivo de la población; combatir la corrupción a través de sendas reformas del sistema judicial y la Administración pública; y revisar las directrices de la política exterior y el servicio diplomático para conseguir una presencia más activa del país en los foros internacionales y los organismos multilaterales.
Tan amigo como era de cuadrar los números, Fernández no podía pasar por alto la relación de fuerzas parlamentarias. Los dos partidos del FPN sumaban 63 diputados sobre 120 y exactamente la mitad de los 30 senadores. Toda vez que los peledeístas sólo tenían 13 escaños en la Cámara baja y dependían completamente de sus socios socialcristianos para sacar adelante los proyectos de ley (al menos, hasta el final de la legislatura en 1998, cuando el Congreso sería renovado), en la nueva mayoría oficialista asomaba un cariz de precariedad e incertidumbre, ya que no se sabía el alcance del aval de Balaguer, o, viéndolo de otra manera, se desconocía hasta qué punto estaba dispuesto Fernández a concertar y, eventualmente, transigir.
Por de pronto, Fernández tomaba las riendas de un país de marcados claroscuros. Balaguer había dejado numerosos proyectos desarrollistas en curso, con muchas obras públicas centradas en la mejora de la red de carreteras y aeropuertos. El sector turístico, acogido al modelo de hotel y playa, y orientado a clientes de Europa y América con poder adquisitivo medio-alto, estaba en franca expansión y mostraba un potencial sin rival en el área caribeña. La pujanza de la construcción coadyuvaba a obtener un crecimiento del PIB de en torno al 7% anual. En cuanto a la inflación, empezaba a abandonar la lista de preocupaciones.
Pero el panorama estaba lejos de ser idílico. Además de la pobreza estructural en extensas capas de la población, estaban el alto desempleo (el 20%), el dogal de la deuda externa (4.300 millones de dólares) y los números rojos del erario público, con un bajo nivel de ingresos fiscales y, lo más grave, la virtual bancarrota en que se encontraban la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), las empresas más emblemáticas del Estado.
El CEA, otrora considerado el espinazo de la economía nacional, llevaba años resintiéndose del declive de las cosechas de caña (zafras), la disminución de sus ingresos en divisas, el coste de mantener en nómina a una plantilla hipertrofiada como consecuencia de los compromisos clientelistas del PRSC y las pérdidas ocasionadas por la corrupción. Arrastrando deudas por valor de 83 millones de dólares, este emporio había perdido incluso su capacidad de abastecer el mercado interno para poder mantener su cuota preferencial de exportación a Estados Unidos.
Los lastres estructurales de la CDE eran básicamente los mismos (obsolescencia de las instalaciones por la ausencia de inversiones, exceso de burocracia, ineficiencia y corrupción internas, deudas millonarias), pero su impacto social era mucho mayor porque repercutían directamente en el servicio que recibían los abonados, que eran toda la población. Debía hablarse, en realidad, de falta de servicio, ya que las plantas generadoras tenían por costumbre castigar a barriadas y ciudades enteras con apagones que podían durar un día o incluso más horas, de lo que no se libraban cientos de miles de habitantes de Santo Domingo.
El suministro de energía en la República Dominicana era verdaderamente calamitoso, propio de los países menos desarrollados, hasta el extremo de limitar la capacidad productiva de las industrias. A mayor abundamiento, la corporación sólo facturaba la mitad de la energía que producía, llenando de cargas por subsidios a la tesorería pública. En la última presidencia de Balaguer, la CDE había estado debatiéndose entre acometer una drástica reestructuración en aras de la rentabilidad o venderse al capital privado. De hecho, tres distribuidoras privadas ya suplían hasta el 45% de la demanda de energía a través de las redes de la CDE, dependiendo de los niveles de producción de las centrales hidroeléctricas y de las unidades de generación de la propia firma estatal.
A la Administración de Fernández le faltó tiempo para decantarse por la segunda opción. El 18 de agosto, en su tercer día de vida, el Gobierno anunció un plan de privatización y reestructuración generales de la CDE, el CEA, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL) y las 24 compañías que integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), en el pasado pertenecientes al patrimonio personal del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina (1891-1961), la mitad de las cuales operaban con grandes déficits y la otra mitad ya habían suspendido toda actividad.
El presidente instó a los dos partidos mayoritarios que controlaban el Congreso a que trabajaran conjuntamente con el Gobierno y el PLD para la aprobación del nuevo marco legal de las citadas corporaciones. Los objetivos no eran otros que mejorar el suministro energético y liberar de gastos al Estado. El PRSC y el PRD tomaron en consideración el vasto proyecto, pero en cambio pusieron múltiples objeciones al primer borrador de los presupuestos del Estado de 1997 que les presentó el Ejecutivo, obligando a Fernández a negociar las oportunas correcciones. No transcurrió, pues, mucho tiempo hasta poder dictarse el acta de defunción del FPN. Es más, los socialcristianos, guiados por Balaguer con su celo habitual, tendieron a alinearse con los perredeístas, generando la imagen de un presidente atado de pies y manos por el Legislativo.
La campaña anticorrupción, una de las banderas políticas del PLD, conoció sus limitaciones tan pronto como apuntó al entorno de funcionarios que debían sus prebendas al balaguerismo. Algo más de éxito tuvo el presidente en la extensión de su autoridad al estamento castrense, consiguiendo el cese de varios oficiales de alta graduación amonestados por asuntos de insubordinación o corrupción, así como el arresto, en marzo de 1997, de tres generales en la reserva, Joaquín Antonio Pou Castro, Salvador Lluberes Montás y José Isidoro Martínez González, por su presunta participación en el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley en 1975, uno de los crímenes sin resolver de los ominosos doce años (1966-1978) de Balaguer.
Donde sí encontró Fernández el espíritu de consenso que reclamaba a los partidos fue en torno al plan de privatizaciones. Tras pasar el escrutinio de las dos cámaras del Congreso Nacional y obtener el respaldo unánime de la oposición, la llamada Ley General de Reforma de la Empresa Pública fue promulgada el 24 de junio de 1997 y a continuación se puso en marcha la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) como el organismo encargado de conducir el proceso de capitalización. Pero los modos, mediante licitación, y los resultados de esta transformación histórica iban a ser harto discutibles, por no decir censurables.
Esta última valoración atañó sobre todo a la privatización de la CDE, que no fue total porque el Estado retuvo algunos servicios y se reservó una participación de capital en calidad de copropietario, a través de la nueva Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El patrimonio de la antigua CDE fue dividido en tres áreas, generación, transmisión, y distribución y comercialización, permitiéndose la entrada del capital privado en los ámbitos primero y tercero, y manteniendo el Estado la titularidad del segundo (así como las presas hidroeléctricas en la parte de generación). Se constituyeron dos empresas generadoras, EGE Haina y EGE Itabo, otorgadas al consorcio New Caribbean Investment, y tres de distribución, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este (también llamadas Edenorte, Edesur y Edeeste), que fueron ganadas por dos transnacionales extranjeras, la española Unión Fenosa y la estadounidense AES Corporation. La CDEEE puso el 50% de capital de las EDE Norte y Sur, quedando la otra mitad en manos de Unión Fenosa.
La privatización de la CDE, consumada entre agosto y octubre de 1999, adquirió proporciones de fiasco, ya que las nuevas compañías energéticas se mostraron incapaces de garantizar el suministro. Los cortes de luz continuaron estando a la orden del día, prolongándose con frecuencia hasta 20 horas. Con todo, Fernández y su equipo, ya al final de su mandato, no se decidieron a tomar cartas en un asunto que presentaba las trazas de una estafa al Estado. Peor aún, las tarifas eran caras, todo lo cual concitó un sinfín de quejas por negligencia, abuso y desfachatez contra las compañías implicadas. Las distribuidoras replicaron defendiendo su derecho a cortar el suministro a los clientes morosos, en masa si era necesario, y exigiendo al Gobierno acciones vigorosas para impedir los robos a gran escala en la red eléctrica.
Al comenzar 1998, antes de completarse el proceso de privatizaciones y cuando Fernández se aproximaba al ecuador de su presidencia, la desazón estaba instalada en la calle. Fueron frecuentes los motines en los barrios populares por un hartazgo acumulado que no se nutría únicamente del desbarajuste eléctrico; también, de un suministro de agua deficiente, de las carencias en el transporte y otros servicios públicos, y de una subida incontrolada de precios que dejó la tasa de inflación de 1997 en el 9,6%, tres veces más que el año anterior. Las algaradas fueron reprimidas con severidad por unas fuerzas del orden proclives a reaccionar con brutalidad ante estas situaciones, aunque el Gobierno, para aquietar los ánimos, optó por autorizar importaciones urgentes de alimentos. En este sentido, la iniciativa presidencial de convocar, el 18 de noviembre de 1997, una mesa de Diálogo Nacional para integrar a la sociedad civil en la discusión de las grandes problemáticas del país no dio los frutos apetecidos.
Y sin embargo, el encarecimiento de la vida era el efecto indeseado de una coyuntura económica positiva en términos generales. La bonanza turística y constructora, el auge de la manufactura de exportación basada en las zonas francas industriales (cuyo número se incrementaba gracias a la acción del Gobierno) y el boom no menor de los servicios tecnológicos (hasta convertir a la República Dominica en un país puntero de América Latina en el desarrollo de las telecomunicaciones, creándose la paradoja de que mientras se levantaba una extensa y moderna red de telefonía y datos, el sistema eléctrico era presa del marasmo más desastroso), junto con la robustez de las remesas de divisas enviadas por la diáspora de emigrantes, se tradujeron en la obtención de las más altas tasas de crecimiento del continente: el 7,3% en 1996, el 8,2% en 1997, el 7% en 1998 y el 8,3% en 1999. En cambio, el sector agrícola no terminaba de levantar cabeza, hasta registrarse retrocesos generalizados en las exportaciones de azúcar, café y cacao al final del cuatrienio. Por todo lo anterior, empezaba a hablarse del "milagro económico del Caribe".
Con todo, el dominicano medio cargaba con las subidas de los precios de los alimentos y los combustibles. Había más trabajo que antes, pero en las clases populares se tendía a percibir como no equitativos los beneficios de la nueva prosperidad. En el terreno electoral este malestar se manifestó inapelablemente. En las legislativas del 16 de mayo de 1998, el PRD, beneficiado en añadidura por la corriente de simpatía que había levantado la muerte de Peña Gómez días atrás, se hizo con una mayoría absoluta de 83 escaños en la Cámara de Diputados (aumentada a los 149 miembros). El PLD metió 50 diputados y 4 senadores, lo que representaba una considerable ganancia con respecto a 1994 pero que en las actuales circunstancias sabía a derrota. El partido del poder vio frustradas sus esperanzas de obtener, no ya una mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos sin componendas, sino meramente el tercio de legisladores en ambas cámaras que permitiría a Fernández hacer valer su derecho de veto a las decisiones parlamentarias de la oposición.
Sin concesiones populistas y con estilo tecnocrático, tras los comicios de mayo de 1998 Fernández pisó el acelerador en sus políticas neoliberales, tal como eran calificadas por doquier. En el mes de junio, el Gobierno decidió una devaluación del peso del 8,5% para estimular las exportaciones, seguida en febrero de 1999 de la congelación de los gastos públicos para el resto del año. La gran economía siguió dando buenas noticias: en 1998 la inflación cayó por debajo del 5% y la subida del nivel de reservas internacionales del Banco Central permitió al Estado cumplir satisfactoriamente con los compromisos del servicio de la deuda externa, que se recortó hasta los 3.500 millones de dólares. La República Dominicana adquirió la fama de país solvente y de bajo riesgo para las inversiones de capìtal.
Antes de llegar al poder, Fernández había prometido dinamizar en los próximos cuatro años las relaciones exteriores de la República Dominicana. Pues bien, al finalizar el período, podía sacarse en limpio que los objetivos trazados en 1996 estaban cumplidos con creces, a tenor de una retahíla de éxitos diplomáticos y comerciales. En verdad, el estadista exudó activismo y se forjó un perfil bastante alto en política internacional, sintiéndose cómodo en un terreno sobre el que ya había asesorado en su partido e impartido magisterio en la universidad. De puertas afuera, Fernández fue considerado el "primer presidente moderno" de su país, haciéndose acreedor del elogio y el respeto generales.
Decidido a ensanchar los canales diplomáticos en todas las direcciones, Fernández intensificó la cooperación con España -cuyo presidente de Gobierno, el conservador José María Aznar, eligió precisamente la República Dominicana como el destino de su primer viaje al continente americano en septiembre de 1996-, participó en las cumbres iberoamericanas anuales y asistió como invitado a la cumbre de presidentes de los cinco países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebrada en San José el 8 de mayo de 1997. A la cita en la capital costarricense también acudió el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien un año más tarde, el 10 de junio de 1998, iba a recibir a Fernández en la Casa Blanca con carácter privado.
Entre el 5 y el 7 de noviembre de 1997 Santo Domingo fue el escenario de una cumbre especial con los presidentes de los siete estados centroamericanos dedicada a estudiar el inicio de negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio de bienes, servicios e inversiones entre el país caribeño y el istmo. Definido con suma rapidez, el TLC Centroamérica-República Dominicana fue firmado por Fernández y sus colegas en la misma ciudad el 16 de abril de 1998 y debía estar vigente para el 1 de enero de 1999, pero el proceso de ratificación, país por país, se ralentizó hasta el extremo de imposibilitar la entrada en servicio del tratado en la actual presidencia.
No menos relevante fue la actuación de Fernández en el espacio geográfico que era propio de la República Dominicana, el Caribe insular, donde, sin embargo, el país adolecía de un muy escaso nivel de integración comercial, ni a nivel bilateral ni en el ámbito multilateral. El presidente puso fin a esta desconexión histórica participando el 8 de julio de 1997 en Montego Bay, Jamaica, en la XVIII Cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), organización económica hasta entonces estrictamente anglosajona, y haciendo de anfitrión del 20 al 22 de agosto de 1998 en Santo Domingo de una cumbre especial del CARIFORO o Foro del Caribe de los Estados ACP (Asia, Caribe y Pacífico), esto es, signatarios de la Convención de Lomé IV establecida en 1989 con la entonces Comunidad Europea para la recepción de la ayuda concedida por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).
El CARIFORO surgió por la necesidad que había de coordinar estas ayudas europeas en un entorno de cooperación e integración regionales a raíz de la participación de la República Dominicana y Haití, los dos estados que conforman la isla de La Española, en Lomé IV, toda vez que el país hispano y su vecino francófono no eran miembros del CARICOM y la Secretaría de este organismo ya no resultaba suficiente para monitorizar los recursos FED destinados a la región.
En la reunión del CARIFORO en Santo Domingo, que coincidió con el quinto centenario de la fundación de la capital dominicana, Fernández firmó, el 22 de agosto, un Acuerdo de Libre Comercio con el CARICOM (que tampoco pudo entrar en vigor bajo la actual Administración) y además sostuvo un histórico encuentro con el dictador cubano Fidel Castro, que asistía a la cumbre a título de observador, escenificando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, después de 39 años de incomunicación, producido el 16 de abril anterior. En noviembre de 1999 Fernández aprovecharía la asistencia a la IX Cumbre Americana para prestar una visita oficial a La Habana. En lo sucesivo, el dominicano cultivó los lazos de amistad con Castro y subrayó lo anacrónico del bloqueo estadounidense a Cuba, que le parecía una reliquia de la Guerra Fría.
El mandatario participó también bajo la sombrilla del Centro Carter de Atlanta, de cuyo Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas se hizo miembro en 1997, en los trabajos de la Agenda para Las Américas, la iniciativa inaugurada en 1994 a instancias de Estados Unidos para crear una vasta área de libre cambio panamericana en torno a 2005. El 16 y el 17 de abril de 1999 Fernández volvió a captar la atención del hemisferio al dirigir en Santo Domingo la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), foro que integraba a 25 países ribereños y que en aquella ocasión sentó las bases para el establecimiento de una zona de libre comercio propia. Por otro lado, la República Dominicana fue admitida en el Grupo de Río en junio de 2000, coincidiendo con la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias, Colombia.
4. El cuatrienio en blanco: proyección de la FUNGLODE y oposición al Gobierno del PRD
El 16 de agosto de 2000 Mejía relevó a Fernández en la suprema magistratura. En su despedida, el político peledeísta reconoció su fracaso en la solución del problema eléctrico (la enésima ola de apagones acababa de abatirse sobre Santo Domingo), pero reivindicó sus políticas de estabilidad y crecimiento, sus programas de modernización y su quehacer exterior centrado en la integración regional y la búsqueda de mercados sin derechos de aduana. El legado macroeconómico de Fernández incluía un ritmo de crecimiento del PIB ligeramente inferior al 8% anual, la estabilidad del peso, la moderación de la inflación, el alivio de la servidumbre de la deuda externa y un excelente nivel de reservas monetarias. Pero desde la perspectiva social, el batiburrillo economicista de tablas y cifras no decía gran cosa. Sobre todo, no se lo decía a ese 25% de la población que vivía bajo el umbral de la pobreza.
Fernández siguió muy atento el devenir del nuevo curso político desde su puesto en el Comité Político del PLD y al frente de un centro de estudios y reflexión puesto en marcha tan pronto como dejó el poder, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). Mitad think tankdominicano, mitad plataforma de promoción personal, para no perder ascendiente público, la FUNGLODE se definía como una institución pri/vada sin afán de lucro dedicada a "formular propuestas innovadoras de naturaleza estratégica y coyuntural sobre temas relevantes de interés nacional, elevar la calidad del debate nacional y elaborar políticas públicas cruciales para la gobernabilidad y el desarrollo económico y social de la República Dominicana".
Ademas de ser una empresa recuadadora de recursos de los que generan los contructores de obras del estado, como lo demuestra la querella del Dr. Guillermo Moreno.
. La segunda presidencia (2004-2008): fijación fiscal, récord de crecimiento, el CAFTA-RD y Petrocaribe
La campaña de las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 2004 estuvo regada de mutuas acusaciones de juego sucio y de invocaciones al fantasma del fraude. Gran favorito en las encuestas, que le otorgaban la victoria incluso en la primera vuelta, Fernández aseguró que los comicios debían tomarse como un plebiscito sobre Mejía y su "atroz" Gobierno, que, además del país, habían "hundido" al PRD. El peledeísta se refería a las graves fracturas que la postulación reeleccionista del mandatario, en un mentís espectacular de sus propias palabras, había abierto en el perredeísmo.
La propaganda del PLD aventó eslóganes elementales pero muy eficaces, del tipo Estábamos mejor con Leonel, y Vuelve Leonel, vuelve el progreso, que apelaban al recuerdo de la prosperidad y la estabilidad económicas del período 1996-2000. En febrero de 2003 el dólar se cambiaba a 18 pesos, pero un año largo después la tasa, definida por la flotación, rozaba los 42 pesos. Ahora mismo, la inflación interanual marcaba el 43%, la tasa más elevada del continente, el paro registrado era del 17% y la deuda externa alcanzaba los 7.600 millones de dólares, el doble que en 2000. El Banco Central acusaba una severa penuria de fondos a raíz de su intervención a los tres bancos comerciales quebrados el año anterior, y el déficit fiscal rondaba los 500 millones de dólares y seguía creciendo. Sin embargo, los signos de recuperación productiva ya asomaban en el horizonte, permitiendo calcular un balance anual sin recesión.
El 16 de mayo de 2004 no hubo sorpresas y Fernández se proclamó presidente sin necesidad de disputar la segunda vuelta el 27 de junio. El peledeísta obtuvo el 57,1% de los sufragios, uno de los porcentajes más elevados en la historia nacional, mientras que Mejía mereció la confianza del 33,6% de los votantes, cifra superior a la barajada por la mayoría de los sondeos y que no estuvo exenta de mérito, dados la pésima situación económica y social dejada en herencia, el fuerte rechazo popular a las políticas del Ejecutivo y la división instalada, hasta el borde de la ruptura, en las filas del PRD. El hombre del PRSC, Eduardo Estrella Virella, sólo sacó el 8,6% de los votos. Mejía aceptó sin rechistar, con gesto de buen perder, el veredicto de las urnas y felicitó a su adversario, quien arrancó su segunda presidencia el 16 de agosto. A la ceremonia asistieron ocho jefes de Estado y de Gobierno.
En su alocución inaugural, Fernández lamentó heredar un erario "sin un solo centavo", anunció la creación de un fondo de emergencia para cubrir los sueldos del personal de la Administración pública y otras necesidades vitales, y decretó un período de austeridad "para recuperar la confianza". En primer lugar, la confianza de los fiadores internacionales, ya que el grueso del préstamo stand-byde 600 millones de dólares a dos años acordado con el FMI en agosto del año anterior estaba en suspenso al considerar el organismo que el ejecutivo saliente había incumplido su carta de intenciones, y tomando en cuenta la ineficacia de las medidas adoptadas para controlar la inflación y estabilizar el peso.
El paquete de rigor iba a consistir en la reducción de los gastos del Estado un 20%, la supresión de cargos superfluos y sinecuras en el Gobierno y la Administración, y un control estricto del endeudamiento con la banca local. Se pretendía ahorrar, pero también ingresar más. Así, el presidente instó al Congreso a que diera luz verde a un ramillete de gravámenes, de entre el 10% y el 20%, sobre el tabaco, el alcohol y el consumo telefónico, que el Gobierno iba a presentarle próximamente. La reforma era demandada por el FMI para reanudar su asistencia crediticia, y Fernández expuso que, de acuerdo con las estimaciones del Fondo, la estabilización de la economía iba a requerir un ajuste fiscal del 4% del PIB, equivalente a 30.000 millones de pesos (750 millones de dólares). De ese 4%, el 2,5% correspondería al ingreso tributario extra y el otro 1,5% saldría de la austeridad en el gasto corriente y de la reducción de subsidios, en particular los del gas y la electricidad.
Asimismo, a fin de normalizar inmediatamente el suministro de energía eléctrica, Fernández comunicó sus intenciones de contratar una línea de crédito a corto plazo de 50 millones de dólares para comprar combustible y de convocar una licitación internacional para adjudicar la administración de EDE Norte y EDE Sur a otra empresa del sector privado. La nueva prestataria debía sustituir a Unión Fenosa, que se había retirado del negocio energético tras vender a la CDEEE su participación en las dos distribuidoras; este proceder de la Administración Mejía había sido valorado por el FMI como una desprivatización que cargaba con nuevos gastos al Estado, y por eso había suspendido su ayuda de contingencia. Finalmente, el presidente se comprometió a meterle mano a las urdimbres de la corrupción estatal. Sobre el particular, Fernández puntualizó que su Gobierno no quería desatar persecuciones de tipo revanchista y político, aunque tampoco podía convertirse "en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva."
Transcurrido el año de transición de 2004, que terminó con un crecimiento del PIB del 2%, los abundantes signos de estabilización y recuperación, junto con la inequívoca voluntad del presidente de sacar adelante las reformas fiscal, bancaria y del sector eléctrico, indujeron al FMI a aprobar la carta de intención del Gobierno y a desbloquear su asistencia a la República Dominicana. Así, el 31 de enero de 2005 el FMI aprobó un crédito stand-by de 665 millones de dólares a 28 meses, del que 80 millones eran liberados de manera inmediata. El enderezamiento del rumbo fue un hecho en 2005, cuando la economía creció un espectacular 9,3%, el doble de la media latinoamericana, y la tendencia fue aún más fausta en 2006, cuando la tasa alcanzó el 10,7%. Entre tanto, la inflación, el déficit público y el valor del tipo de cambio (luego una apreciación monetaria) descendieron considerablemente.
La avalancha de datos positivos hizo hinchar pecho a Fernández, un gobernante particularmente propenso a alardear del trabajo bien realizado. El presidente vislumbraba unas inmejorables perspectivas de inversión, que esperaba se diversificara desde el turismo y el sector textil hacia las nuevas tecnologías, cuando a la red de acuerdos de libre comercio con los vecinos centroamericanos y caribeños se le sumara el desarme arancelario con Estados Unidos, una apuesta de enorme calado porque el gigante norteamericano acaparaba el 73% de las exportaciones dominicanas, textiles en gran medida, y le proveía del 47% de sus importaciones; la balanza comercial era ahora mismo favorable a la República Dominicana.
El país caribeño optó por levantar las tarifas y otras barreras a los intercambios con Estados Unidos insertándose sobre la marcha en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), firmado en mayo de 2004 por aquel país más Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 5 de agosto siguiente, días antes del cambio de Administración en Santo Domingo, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio adoptó el texto del CAFTA, en lo sucesivo denominado CAFTA-RD, dando comienzo un proceso de asimilación del mismo por la legislación nacional. El Senado ratificó el Tratado el 26 de agosto de 2005 y la Cámara de Diputados le dio su aprobación, convirtiéndolo en ley, el 6 de septiembre siguiente con 118 votos a favor y cuatro en contra.
Fernández, que en mayo había realizado con sus colegas centroamericanos una gira por Estados Unidos para intentar vencer las resistencia del Congreso de ese país a la ratificación del Tratado, sin el cual el futuro de la República Dominicana le parecía "ruinoso", fue presionado por importantes sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil de casa, donde se articuló un movimiento de rechazo expresado con huelgas y bloqueos, para que introdujera medidas compensatorias antes de la entrada en vigor del CAFTA-RD, cuyo impacto en las producciones agrícola, pecuaria e industrial estas voces críticas temían.
El Ejecutivo fue mucho más sensible a los avisos de los estadounidenses de que la legislación dominicana aún debía experimentar algunas modificaciones para una correcta adaptación del Tratado. Así, durante todo 2006, Gobierno y Congreso trabajaron a contrarreloj para reformar las leyes sobre Propiedad Industrial y Derecho de Autor, sobre Compras y Obras del Estado, y otras. Satisfecho, el presidente George Bush anunció la entrada en vigor del CAFTA-RD en la República Dominicana el 1 de marzo de 2007.
Las protestas contra el CAFTA-RD se enmarcaron en un malestar más de fondo que tomaba nota de cómo el sensacional crecimiento económico no estaba teniendo un reflejo equivalente en la creación de empleo –el paro seguía siendo elevado, en torno al 16%- y, peor, dejaba intactos la inequidad en el reparto de la riqueza y el nivel de la pobreza, superior al 40%, umbral que seguía estando muy por encima del que había antes de la crisis de 2003.
El presidente despachó las acusaciones de obsesionarse con las cifras macro, de complacerse en la retórica modernizadora y de carecer de un verdadero programa social que corrigiera los profundos desequilibrios en la distribución de la renta poniendo sobre la mesa las partidas de gasto en sanidad y educación, y explicando que con la política económica no había que "ideologizar", ya que "un déficit fiscal no es de derechas ni de izquierdas, sino un problema de gestión". Su modelo era, insistía, la "economía social de mercado", binomio que asociaba en un provechoso equilibrio al mercado, en su papel de "instrumento de asignación de recursos en una economía de libre competencia", y al Estado, como "garante de una redistribución equitativa de la riqueza creada".
La existencia de tensiones sociales y políticas se puso de relieve tras el cierre de los colegios en la jornada electoral del 16 de mayo de 2006, que renovó el Congreso y los 151 municipios del país. Diversas reyertas entre militantes violentos de partidos rivales provocaron una decena de víctimas mortales. Pero el veredicto inapelable de las urnas fue de reconocimiento y aprobación de la labor de gobierno de Fernández: con el 52,4% de los votos, 96 diputados (sobre 178) y 22 senadores (sobre 32), el Bloque Progresista, alianza oficialista de seis partidos ampliamente dominada por el PLD, se impuso a la inédita Alianza Rosada, muñida por el PRD y el PRSC, y conquistó la mayoría absoluta en las dos cámaras del Legislativo. Ahora, el Ejecutivo podía llevar adelante sus reformas económicas con mucha más facilidad –como pudo apreciarse en los retoques legales previos a la entrada en vigor del CAFTA-RD- y acelerar la construcción, iniciada el año anterior con un presupuesto de 700 millones de dólares, del sistema de metro de Santo Domingo, la obra pública emblemática de la actual Administración.
En su segunda presidencia, el aspecto más destacado de la política exterior de Fernández fue su provechosa asociación a la diplomacia petrolera de Hugo Chávez. Así, en junio de 2005 el mandatario asistió en Puerto La Cruz, Venezuela, al I Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe; allí, adoptó el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, a través del cual la República Dominicana se convertía en socio preferencial de Venezuela para el suministro de petróleo abaratado con facilidades crediticias o mediante el intercambio de mercancías. Fernández destacó la trascendencia de este convenio multilateral para la República Dominicana, país que no producía hidrocarburos, era un importador neto de energía y ya venía comprando a Venezuela la mayoría de los 165.000 barriles de petróleo que importaba para uso diario.
En la II Cumbre de Petrocaribe, en Montego Bay, Jamaica, en septiembre del mismo año, Fernández firmó el convenio operativo de su país. Al suscribir Petrocaribe pero descartar cortésmente entrar en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Fernández volvió a mostrar su lado más práctico, que le permitía aprovechar las ventajas económicas y energéticas que le ofrecía el generoso Chávez sin asumir ningún compromiso de alineación geopolítica, que en este caso conllevaría una militancia contra las estrategias librecambistas y de lucha antidroga con medios militares apadrinadas por Estados Unidos en el continente. Chávez, tan celoso en otros casos, no vio incompatibilidad en la simultánea participación dominicana en Petrocaribe y el CAFTA, y Fernández, que pensaba que América Latina debía trascender la disyuntiva entre "populismos y neoliberalismos", se congratuló por ello.
En cuanto a los tratos con Cuba, alcanzaron la excelencia al hilo de una relación personal con Fidel Castro en la que el viejo comandante se dirigía a Fernández, quien le confesaba su preocupación por el descontrol mundial de los movimientos especulativos de capital y materias primas, y sus enfoques críticos de las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, con un afecto cuasi paternal.
Por otro lado, Fernández condujo el 7 de marzo de 2008 en Santo Domingo la XX Reunión del Grupo de Río, donde empleó sus buenos oficios para lograr la reconciliación entre Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa por un lado, y el colombiano Álvaro Uribe por el otro, protagonistas de un virulento cruce de acusaciones luego de retirar Caracas y Quito a sus embajadores en Bogotá en protesta por la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano que mató al comandante guerrillero de las FARC Raúl Reyes.
6. El tercer mandato: el impacto de la crisis global y reforma constitucional
Su sólida posición en los sondeos de opinión, a pesar de la persistente mala calidad de los servicios públicos de salud, de los altos niveles de paro y pobreza, y de los escándalos de corrupción que venían golpeando a su Administración, reafirmó a Fernández en su decisión de acogerse al mecanismo constitucional de la reelección, un lustro después de haberlo fustigado desde la oposición cuando lo introdujo Mejía. No por ello dejó de someterse a un ejercicio de democracia interna en el partido, donde salió a retarle Danilo Medina, su hasta ahora fiel lugarteniente, quien en noviembre de 2006 cesó como secretario de Estado de la Presidencia para preparar este envite. La primaria tuvo lugar el 6 de mayo de 2007 y el presidente se llevó la candidatura con el 71,5% de los votos, abultado porcentaje que arrancó algún gruñido del perdedor, quejoso por la intervención en su contra del "poder del Estado". Rafael Alburquerque fue escogido igualmente para seguir como vicepresidente.
En la campaña para las presidenciales del 16 de mayo de 2008, Fernández hizo un alarde de sus dotes comunicativas, pasando revista a sus logros de gobierno y prometiendo más solvencia ahora que el país entraba en una etapa de crecimiento económico más modesto -y con unas perspectivas muy inquietantes a corto y medio plazo por el fantasma de la recesión en Estados Unidos, a punto de sumirse en el huracán financiero desatado por la quiebra de Lehman Brothers-, afrontaba la escalada de los precios internacionales del petróleo y los alimentos básicos, experimentaba un repunte inflacionario, ingresaba menos divisas por el descenso del turismo y las remesas de la emigración, y sufría como nunca los embates de la criminalidad y el narcotráfico. Su sosegadora puesta en escena, ofreciendo una respuesta articulada para cada cuestión y transmitiendo la imagen de que tenía todo bajo control, le concitó acusaciones de "mesianismo".
El caso fue que los ciudadanos querían que les siguiera gobernando Fernández, ganador del mandato hasta 2012 con el 53,8% de los votos. Tras conocer los resultados, el titular reelecto explicó que la confianza le había sido renovada para continuar "por el sendero de la estabilidad, el crecimiento y el progreso". Los derrotados en esta edición fueron Miguel Vargas Maldonado por el PRD y Amable Aristy Castro por el PRSC. La oposición denunció el origen sospechoso de parte de los fondos empleados para financiar la campaña del PLD y el uso abusivo de los recursos del Estado por el partido del Gobierno, una seria irregularidad que motivó la advertencia a Santo Domingo de la OEA. En su informe de evaluación de los comicios, la OEA constató el empleo de publicidad estatal con fines proselitistas.
Una vez iniciada su tercera Administración el 16 de agosto, con una ceremonia más austera de lo habitual, Fernández abrió un proceso de revisión de la Constitución Política, ya tocada por las reformas de 1994 y 2002, en aras de la "racionalidad" y la "eficiencia" del Estado dominicano. La Reforma Constitucional, que depararía al país una "revolución democrática", sería paralela al arranque de un plan económico integral dirigido a obtener un crecimiento promedio del PIB del 6% anual y a mantener la inflación en el único dígito. El mandatario veía posible, todo a la vez, crecer a buen ritmo, gastar más en educación, salud y vivienda, y mantener a raya los déficits público y por cuenta corriente, cuya financiación podría sostenerse gracias a los préstamos y la inversión extranjera directa. La dependencia del petróleo debía y podía reducirse sacando partido de los biocombustibles.
El 18 de septiembre de 2008 el presidente sometió al Senado el proyecto de modificación de la Carta Magna elaborado por el Ejecutivo y el 27 de febrero de 2009 convocó, promulgando la ley ad hoc, una Asamblea Nacional Revisora para debatir la Reforma Constitucional. La convocatoria de la Asamblea Revisora, esto es, las dos cámaras del Congreso Nacional investidas de capacidad constituyente en el ejercicio de su mandato democrático, en lugar de acudir a una Asamblea Constituyente elegida en votación específica –de hecho, una figura no contemplada por la misma Constitución que se pretendía reformar-, contrarió al PRD y a una parte de la opinión pública, los cuales reclamaron para la reforma la mayor legitimidad democrática. Fernández se aseguró la aprobación de la reforma en virtud de un pacto político, controvertido, con el presidente del PRD y su anterior contrincante en las urnas, Miguel Vargas.
La transacción entre peledeístas y perredeístas alumbró una redacción constitucional donde destacaban las siguientes novedades: se suprimía la reelección presidencial consecutiva, luego los mandatos del titular del poder ejecutivo volvían a ser uno de cuatro años, no renovables sin mediar un cuatrienio en blanco; las futuras reformas constitucionales serían sancionadas por los ciudadanos en referéndum, fórmula de democracia directa que se estrenaba al igual que la iniciativa legislativa popular; la Cámara de Diputados aumentaba su representación de los 178 a los 190 miembros; las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebrarían simultáneamente; se reordenaba el poder judicial con la creación del Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial; quedaban consagrados el Estado Social y Democrático de Derecho (art. 7), la igualdad jurídica del hombre y la mujer (art. 39) y el derecho al trabajo como derecho fundamental ejercido "con la protección y asistencia del Estado" (art. 62); y los ciudadanos obtenían mayores garantías de los derechos fundamentales a través de la acción (recurso) de amparo y el hábeas data, además del ya reconocido hábeas corpus. Además, se establecía la "nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional" (art. 73), un blindaje legal que llevó a Fernández a proclamar orgulloso que en la República Dominicana "jamás" se produciría un golpe de Estado.
El presidente presentó la nueva Carta Magna como la digna heredera de la Constitución progresista promulgada por Bosch en 1963, pero el texto fue tachado de reaccionario por sectores políticos y sociales orientados a la izquierda por someterse a la doctrina de la Iglesia Católica, la cual presionó a fondo para que se mantuviera el "derecho inviolable a la vida desde la concepción hasta la muerte", lo que prohibía tanto la pena de muerte como el aborto en cualquier circunstancia. La Coordinadora Nacional contra el Retroceso Constitucional, integrada por organizaciones cívicas, instituciones y movimientos ciudadanos, censuró también que se elevara el número de diputados, que se regulara el acceso de la población a playas y vías fluviales con argumentos conservacionistas o, en la sección de nacionalidad, que se mantuviera en el limbo a los miles de dominicanos descendientes de haitianos que ingresaron legalmente en la República Dominicana con contratos de trabajo. El texto quedó listo para ser proclamado el 25 de enero de 2010.
En enero de 2009 Santo Domingo envió al FMI una carta de intención en la que informaba que, debido a la concatenación de adversidades internas y externas –encarecimiento del petróleo y los alimentos, turbulencias económicas en Estados Unidos y recesión de las economías desarrolladas, sucesión de dañinas tormentas tropicales-, se había visto obligado a aumentar el gasto público en asistencia alimentaria y los subsidios a la energía y el transporte para atender a las capas más vulnerables de la sociedad. El Gobierno quería relajar la política monetaria para estimular la producción y se comprometía con la consolidación fiscal, pese a la coyuntura de ingresos a la baja, todo bajo el esquema de monitorización post-programa del FMI. En noviembre, el organismo aprobó para la República Dominicana un crédito stand-by de 1.700 millones de dólares a 28 meses con el fin de apoyar la estrategia del país para "enfrentar los efectos adversos del entorno económico global" y "preservar los logros de los últimos años".
7. Aportes intelectuales y filiaciones internacionales
Leonel Fernández es doctor honoris causa por las siguientes universidades: París-Sorbona (1999); Harvard (1999); Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, (2000); Seton Hall de Nueva Jersey (2000); Santiago de Chile (2002); Massachusetts (2005); Nova Southeastern de Florida (2005); Hankuk de Estudios Extranjeros de Corea del Sur (2006); Estatal de Panamá (2006); y Cultural China de Taiwán (2006). También, por el Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (2002) y el Stevens Institute of Technology de Hoboken, Nueva Jersey (2004). Fuera de los ámbitos estrictamente académicos, en 2007 la Marina de Guerra de su país le invistió doctor honoris causa en el área de Defensa y Seguridad Nacional, y en 2009 el Instituto Superior para la Defensa (Insude), de la Fuerza Aérea Dominicana, hizo lo mismo en el campo de las Ciencias Aeronáuticas.
Además de su tesis doctoral y de los ya citados Los Estados Unidos en el Caribe: de la Guerra Fría al plan Reagan y Raíces de un poder usurpado, el dirigente dominicano es el autor del ensayo La globalización y la República Dominicana: nichos y líneas de defensa (1999). Su obra escrita se enriquece con recopilaciones de discursos, como La República Dominicana hacia el nuevo siglo(1999), ponencias para eventos, como Gobierno, partido y sociedad (2000), y artículos de prensa, siendo el caso de Nuevo Paradigma (2003). Otros libros, de tipo memorándum institucional, tienen un perfil más propagandístico de su persona porque en ellos vindica su obra de gobierno. Se citan aquí: Memorias del primer año de gobierno del PLD (1997); Hablando la gente se entiende: el presidente Leonel Fernández y el Diálogo Nacional (1998); Promesas y realidades: 3 años de logros, 1996-1999 (1999); La modernización de la República Dominicana: memorias de una gestión, 1996-2000 (2000); Ningún Gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo; y, Diez años de una visión, el camino de la modernidad y el progreso.
Uno de los estadistas latinoamericanos en ejercicio más conspicuos en las palestras internacionales de debate politológico, Fernández, además de sus vínculos a la FUNGLODE, de la que es presidente honorario desde 2004 –año en que la fundación abrió una filial en Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)-, y al Centro Carter, desarrolla actividades, presta asesoría o posee membresía en: el Círculo de Montevideo; el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos, con sede en Atlanta, Georgia; la Junta Directiva de la revista Foreign Affairs Latinoamérica; el Diálogo Inter-Americano, con sede en Washington, DC; el Club de Madrid; y el Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, DC. Hasta su desaparición en 2003 estuvo asociado también al Dante B. Fascell North-South Research Center de la Universidad de Miami. En añadidura, preside desde 2000 el Club de Ejecutivos Estados Unidos-Caribe, tutelado por el CSIS, y desde 2002 la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas
La campaña de las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 2004 estuvo regada de mutuas acusaciones de juego sucio y de invocaciones al fantasma del fraude. Gran favorito en las encuestas, que le otorgaban la victoria incluso en la primera vuelta, Fernández aseguró que los comicios debían tomarse como un plebiscito sobre Mejía y su "atroz" Gobierno, que, además del país, habían "hundido" al PRD. El peledeísta se refería a las graves fracturas que la postulación reeleccionista del mandatario, en un mentís espectacular de sus propias palabras, había abierto en el perredeísmo.
La propaganda del PLD aventó eslóganes elementales pero muy eficaces, del tipo Estábamos mejor con Leonel, y Vuelve Leonel, vuelve el progreso, que apelaban al recuerdo de la prosperidad y la estabilidad económicas del período 1996-2000. En febrero de 2003 el dólar se cambiaba a 18 pesos, pero un año largo después la tasa, definida por la flotación, rozaba los 42 pesos. Ahora mismo, la inflación interanual marcaba el 43%, la tasa más elevada del continente, el paro registrado era del 17% y la deuda externa alcanzaba los 7.600 millones de dólares, el doble que en 2000. El Banco Central acusaba una severa penuria de fondos a raíz de su intervención a los tres bancos comerciales quebrados el año anterior, y el déficit fiscal rondaba los 500 millones de dólares y seguía creciendo. Sin embargo, los signos de recuperación productiva ya asomaban en el horizonte, permitiendo calcular un balance anual sin recesión.
El 16 de mayo de 2004 no hubo sorpresas y Fernández se proclamó presidente sin necesidad de disputar la segunda vuelta el 27 de junio. El peledeísta obtuvo el 57,1% de los sufragios, uno de los porcentajes más elevados en la historia nacional, mientras que Mejía mereció la confianza del 33,6% de los votantes, cifra superior a la barajada por la mayoría de los sondeos y que no estuvo exenta de mérito, dados la pésima situación económica y social dejada en herencia, el fuerte rechazo popular a las políticas del Ejecutivo y la división instalada, hasta el borde de la ruptura, en las filas del PRD. El hombre del PRSC, Eduardo Estrella Virella, sólo sacó el 8,6% de los votos. Mejía aceptó sin rechistar, con gesto de buen perder, el veredicto de las urnas y felicitó a su adversario, quien arrancó su segunda presidencia el 16 de agosto. A la ceremonia asistieron ocho jefes de Estado y de Gobierno.
En su alocución inaugural, Fernández lamentó heredar un erario "sin un solo centavo", anunció la creación de un fondo de emergencia para cubrir los sueldos del personal de la Administración pública y otras necesidades vitales, y decretó un período de austeridad "para recuperar la confianza". En primer lugar, la confianza de los fiadores internacionales, ya que el grueso del préstamo stand-byde 600 millones de dólares a dos años acordado con el FMI en agosto del año anterior estaba en suspenso al considerar el organismo que el ejecutivo saliente había incumplido su carta de intenciones, y tomando en cuenta la ineficacia de las medidas adoptadas para controlar la inflación y estabilizar el peso.
El paquete de rigor iba a consistir en la reducción de los gastos del Estado un 20%, la supresión de cargos superfluos y sinecuras en el Gobierno y la Administración, y un control estricto del endeudamiento con la banca local. Se pretendía ahorrar, pero también ingresar más. Así, el presidente instó al Congreso a que diera luz verde a un ramillete de gravámenes, de entre el 10% y el 20%, sobre el tabaco, el alcohol y el consumo telefónico, que el Gobierno iba a presentarle próximamente. La reforma era demandada por el FMI para reanudar su asistencia crediticia, y Fernández expuso que, de acuerdo con las estimaciones del Fondo, la estabilización de la economía iba a requerir un ajuste fiscal del 4% del PIB, equivalente a 30.000 millones de pesos (750 millones de dólares). De ese 4%, el 2,5% correspondería al ingreso tributario extra y el otro 1,5% saldría de la austeridad en el gasto corriente y de la reducción de subsidios, en particular los del gas y la electricidad.
Asimismo, a fin de normalizar inmediatamente el suministro de energía eléctrica, Fernández comunicó sus intenciones de contratar una línea de crédito a corto plazo de 50 millones de dólares para comprar combustible y de convocar una licitación internacional para adjudicar la administración de EDE Norte y EDE Sur a otra empresa del sector privado. La nueva prestataria debía sustituir a Unión Fenosa, que se había retirado del negocio energético tras vender a la CDEEE su participación en las dos distribuidoras; este proceder de la Administración Mejía había sido valorado por el FMI como una desprivatización que cargaba con nuevos gastos al Estado, y por eso había suspendido su ayuda de contingencia. Finalmente, el presidente se comprometió a meterle mano a las urdimbres de la corrupción estatal. Sobre el particular, Fernández puntualizó que su Gobierno no quería desatar persecuciones de tipo revanchista y político, aunque tampoco podía convertirse "en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva."
Transcurrido el año de transición de 2004, que terminó con un crecimiento del PIB del 2%, los abundantes signos de estabilización y recuperación, junto con la inequívoca voluntad del presidente de sacar adelante las reformas fiscal, bancaria y del sector eléctrico, indujeron al FMI a aprobar la carta de intención del Gobierno y a desbloquear su asistencia a la República Dominicana. Así, el 31 de enero de 2005 el FMI aprobó un crédito stand-by de 665 millones de dólares a 28 meses, del que 80 millones eran liberados de manera inmediata. El enderezamiento del rumbo fue un hecho en 2005, cuando la economía creció un espectacular 9,3%, el doble de la media latinoamericana, y la tendencia fue aún más fausta en 2006, cuando la tasa alcanzó el 10,7%. Entre tanto, la inflación, el déficit público y el valor del tipo de cambio (luego una apreciación monetaria) descendieron considerablemente.
La avalancha de datos positivos hizo hinchar pecho a Fernández, un gobernante particularmente propenso a alardear del trabajo bien realizado. El presidente vislumbraba unas inmejorables perspectivas de inversión, que esperaba se diversificara desde el turismo y el sector textil hacia las nuevas tecnologías, cuando a la red de acuerdos de libre comercio con los vecinos centroamericanos y caribeños se le sumara el desarme arancelario con Estados Unidos, una apuesta de enorme calado porque el gigante norteamericano acaparaba el 73% de las exportaciones dominicanas, textiles en gran medida, y le proveía del 47% de sus importaciones; la balanza comercial era ahora mismo favorable a la República Dominicana.
El país caribeño optó por levantar las tarifas y otras barreras a los intercambios con Estados Unidos insertándose sobre la marcha en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), firmado en mayo de 2004 por aquel país más Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El 5 de agosto siguiente, días antes del cambio de Administración en Santo Domingo, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio adoptó el texto del CAFTA, en lo sucesivo denominado CAFTA-RD, dando comienzo un proceso de asimilación del mismo por la legislación nacional. El Senado ratificó el Tratado el 26 de agosto de 2005 y la Cámara de Diputados le dio su aprobación, convirtiéndolo en ley, el 6 de septiembre siguiente con 118 votos a favor y cuatro en contra.
Fernández, que en mayo había realizado con sus colegas centroamericanos una gira por Estados Unidos para intentar vencer las resistencia del Congreso de ese país a la ratificación del Tratado, sin el cual el futuro de la República Dominicana le parecía "ruinoso", fue presionado por importantes sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil de casa, donde se articuló un movimiento de rechazo expresado con huelgas y bloqueos, para que introdujera medidas compensatorias antes de la entrada en vigor del CAFTA-RD, cuyo impacto en las producciones agrícola, pecuaria e industrial estas voces críticas temían.
El Ejecutivo fue mucho más sensible a los avisos de los estadounidenses de que la legislación dominicana aún debía experimentar algunas modificaciones para una correcta adaptación del Tratado. Así, durante todo 2006, Gobierno y Congreso trabajaron a contrarreloj para reformar las leyes sobre Propiedad Industrial y Derecho de Autor, sobre Compras y Obras del Estado, y otras. Satisfecho, el presidente George Bush anunció la entrada en vigor del CAFTA-RD en la República Dominicana el 1 de marzo de 2007.
Las protestas contra el CAFTA-RD se enmarcaron en un malestar más de fondo que tomaba nota de cómo el sensacional crecimiento económico no estaba teniendo un reflejo equivalente en la creación de empleo –el paro seguía siendo elevado, en torno al 16%- y, peor, dejaba intactos la inequidad en el reparto de la riqueza y el nivel de la pobreza, superior al 40%, umbral que seguía estando muy por encima del que había antes de la crisis de 2003.
El presidente despachó las acusaciones de obsesionarse con las cifras macro, de complacerse en la retórica modernizadora y de carecer de un verdadero programa social que corrigiera los profundos desequilibrios en la distribución de la renta poniendo sobre la mesa las partidas de gasto en sanidad y educación, y explicando que con la política económica no había que "ideologizar", ya que "un déficit fiscal no es de derechas ni de izquierdas, sino un problema de gestión". Su modelo era, insistía, la "economía social de mercado", binomio que asociaba en un provechoso equilibrio al mercado, en su papel de "instrumento de asignación de recursos en una economía de libre competencia", y al Estado, como "garante de una redistribución equitativa de la riqueza creada".
La existencia de tensiones sociales y políticas se puso de relieve tras el cierre de los colegios en la jornada electoral del 16 de mayo de 2006, que renovó el Congreso y los 151 municipios del país. Diversas reyertas entre militantes violentos de partidos rivales provocaron una decena de víctimas mortales. Pero el veredicto inapelable de las urnas fue de reconocimiento y aprobación de la labor de gobierno de Fernández: con el 52,4% de los votos, 96 diputados (sobre 178) y 22 senadores (sobre 32), el Bloque Progresista, alianza oficialista de seis partidos ampliamente dominada por el PLD, se impuso a la inédita Alianza Rosada, muñida por el PRD y el PRSC, y conquistó la mayoría absoluta en las dos cámaras del Legislativo. Ahora, el Ejecutivo podía llevar adelante sus reformas económicas con mucha más facilidad –como pudo apreciarse en los retoques legales previos a la entrada en vigor del CAFTA-RD- y acelerar la construcción, iniciada el año anterior con un presupuesto de 700 millones de dólares, del sistema de metro de Santo Domingo, la obra pública emblemática de la actual Administración.
En su segunda presidencia, el aspecto más destacado de la política exterior de Fernández fue su provechosa asociación a la diplomacia petrolera de Hugo Chávez. Así, en junio de 2005 el mandatario asistió en Puerto La Cruz, Venezuela, al I Encuentro Energético de Jefes de Estado y de Gobierno del Caribe; allí, adoptó el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, a través del cual la República Dominicana se convertía en socio preferencial de Venezuela para el suministro de petróleo abaratado con facilidades crediticias o mediante el intercambio de mercancías. Fernández destacó la trascendencia de este convenio multilateral para la República Dominicana, país que no producía hidrocarburos, era un importador neto de energía y ya venía comprando a Venezuela la mayoría de los 165.000 barriles de petróleo que importaba para uso diario.
En la II Cumbre de Petrocaribe, en Montego Bay, Jamaica, en septiembre del mismo año, Fernández firmó el convenio operativo de su país. Al suscribir Petrocaribe pero descartar cortésmente entrar en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Fernández volvió a mostrar su lado más práctico, que le permitía aprovechar las ventajas económicas y energéticas que le ofrecía el generoso Chávez sin asumir ningún compromiso de alineación geopolítica, que en este caso conllevaría una militancia contra las estrategias librecambistas y de lucha antidroga con medios militares apadrinadas por Estados Unidos en el continente. Chávez, tan celoso en otros casos, no vio incompatibilidad en la simultánea participación dominicana en Petrocaribe y el CAFTA, y Fernández, que pensaba que América Latina debía trascender la disyuntiva entre "populismos y neoliberalismos", se congratuló por ello.
En cuanto a los tratos con Cuba, alcanzaron la excelencia al hilo de una relación personal con Fidel Castro en la que el viejo comandante se dirigía a Fernández, quien le confesaba su preocupación por el descontrol mundial de los movimientos especulativos de capital y materias primas, y sus enfoques críticos de las guerras de Estados Unidos en Irak y Afganistán, con un afecto cuasi paternal.
Por otro lado, Fernández condujo el 7 de marzo de 2008 en Santo Domingo la XX Reunión del Grupo de Río, donde empleó sus buenos oficios para lograr la reconciliación entre Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa por un lado, y el colombiano Álvaro Uribe por el otro, protagonistas de un virulento cruce de acusaciones luego de retirar Caracas y Quito a sus embajadores en Bogotá en protesta por la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano que mató al comandante guerrillero de las FARC Raúl Reyes.
6. El tercer mandato: el impacto de la crisis global y reforma constitucional
Su sólida posición en los sondeos de opinión, a pesar de la persistente mala calidad de los servicios públicos de salud, de los altos niveles de paro y pobreza, y de los escándalos de corrupción que venían golpeando a su Administración, reafirmó a Fernández en su decisión de acogerse al mecanismo constitucional de la reelección, un lustro después de haberlo fustigado desde la oposición cuando lo introdujo Mejía. No por ello dejó de someterse a un ejercicio de democracia interna en el partido, donde salió a retarle Danilo Medina, su hasta ahora fiel lugarteniente, quien en noviembre de 2006 cesó como secretario de Estado de la Presidencia para preparar este envite. La primaria tuvo lugar el 6 de mayo de 2007 y el presidente se llevó la candidatura con el 71,5% de los votos, abultado porcentaje que arrancó algún gruñido del perdedor, quejoso por la intervención en su contra del "poder del Estado". Rafael Alburquerque fue escogido igualmente para seguir como vicepresidente.
En la campaña para las presidenciales del 16 de mayo de 2008, Fernández hizo un alarde de sus dotes comunicativas, pasando revista a sus logros de gobierno y prometiendo más solvencia ahora que el país entraba en una etapa de crecimiento económico más modesto -y con unas perspectivas muy inquietantes a corto y medio plazo por el fantasma de la recesión en Estados Unidos, a punto de sumirse en el huracán financiero desatado por la quiebra de Lehman Brothers-, afrontaba la escalada de los precios internacionales del petróleo y los alimentos básicos, experimentaba un repunte inflacionario, ingresaba menos divisas por el descenso del turismo y las remesas de la emigración, y sufría como nunca los embates de la criminalidad y el narcotráfico. Su sosegadora puesta en escena, ofreciendo una respuesta articulada para cada cuestión y transmitiendo la imagen de que tenía todo bajo control, le concitó acusaciones de "mesianismo".
El caso fue que los ciudadanos querían que les siguiera gobernando Fernández, ganador del mandato hasta 2012 con el 53,8% de los votos. Tras conocer los resultados, el titular reelecto explicó que la confianza le había sido renovada para continuar "por el sendero de la estabilidad, el crecimiento y el progreso". Los derrotados en esta edición fueron Miguel Vargas Maldonado por el PRD y Amable Aristy Castro por el PRSC. La oposición denunció el origen sospechoso de parte de los fondos empleados para financiar la campaña del PLD y el uso abusivo de los recursos del Estado por el partido del Gobierno, una seria irregularidad que motivó la advertencia a Santo Domingo de la OEA. En su informe de evaluación de los comicios, la OEA constató el empleo de publicidad estatal con fines proselitistas.
Una vez iniciada su tercera Administración el 16 de agosto, con una ceremonia más austera de lo habitual, Fernández abrió un proceso de revisión de la Constitución Política, ya tocada por las reformas de 1994 y 2002, en aras de la "racionalidad" y la "eficiencia" del Estado dominicano. La Reforma Constitucional, que depararía al país una "revolución democrática", sería paralela al arranque de un plan económico integral dirigido a obtener un crecimiento promedio del PIB del 6% anual y a mantener la inflación en el único dígito. El mandatario veía posible, todo a la vez, crecer a buen ritmo, gastar más en educación, salud y vivienda, y mantener a raya los déficits público y por cuenta corriente, cuya financiación podría sostenerse gracias a los préstamos y la inversión extranjera directa. La dependencia del petróleo debía y podía reducirse sacando partido de los biocombustibles.
El 18 de septiembre de 2008 el presidente sometió al Senado el proyecto de modificación de la Carta Magna elaborado por el Ejecutivo y el 27 de febrero de 2009 convocó, promulgando la ley ad hoc, una Asamblea Nacional Revisora para debatir la Reforma Constitucional. La convocatoria de la Asamblea Revisora, esto es, las dos cámaras del Congreso Nacional investidas de capacidad constituyente en el ejercicio de su mandato democrático, en lugar de acudir a una Asamblea Constituyente elegida en votación específica –de hecho, una figura no contemplada por la misma Constitución que se pretendía reformar-, contrarió al PRD y a una parte de la opinión pública, los cuales reclamaron para la reforma la mayor legitimidad democrática. Fernández se aseguró la aprobación de la reforma en virtud de un pacto político, controvertido, con el presidente del PRD y su anterior contrincante en las urnas, Miguel Vargas.
La transacción entre peledeístas y perredeístas alumbró una redacción constitucional donde destacaban las siguientes novedades: se suprimía la reelección presidencial consecutiva, luego los mandatos del titular del poder ejecutivo volvían a ser uno de cuatro años, no renovables sin mediar un cuatrienio en blanco; las futuras reformas constitucionales serían sancionadas por los ciudadanos en referéndum, fórmula de democracia directa que se estrenaba al igual que la iniciativa legislativa popular; la Cámara de Diputados aumentaba su representación de los 178 a los 190 miembros; las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebrarían simultáneamente; se reordenaba el poder judicial con la creación del Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial; quedaban consagrados el Estado Social y Democrático de Derecho (art. 7), la igualdad jurídica del hombre y la mujer (art. 39) y el derecho al trabajo como derecho fundamental ejercido "con la protección y asistencia del Estado" (art. 62); y los ciudadanos obtenían mayores garantías de los derechos fundamentales a través de la acción (recurso) de amparo y el hábeas data, además del ya reconocido hábeas corpus. Además, se establecía la "nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional" (art. 73), un blindaje legal que llevó a Fernández a proclamar orgulloso que en la República Dominicana "jamás" se produciría un golpe de Estado.
El presidente presentó la nueva Carta Magna como la digna heredera de la Constitución progresista promulgada por Bosch en 1963, pero el texto fue tachado de reaccionario por sectores políticos y sociales orientados a la izquierda por someterse a la doctrina de la Iglesia Católica, la cual presionó a fondo para que se mantuviera el "derecho inviolable a la vida desde la concepción hasta la muerte", lo que prohibía tanto la pena de muerte como el aborto en cualquier circunstancia. La Coordinadora Nacional contra el Retroceso Constitucional, integrada por organizaciones cívicas, instituciones y movimientos ciudadanos, censuró también que se elevara el número de diputados, que se regulara el acceso de la población a playas y vías fluviales con argumentos conservacionistas o, en la sección de nacionalidad, que se mantuviera en el limbo a los miles de dominicanos descendientes de haitianos que ingresaron legalmente en la República Dominicana con contratos de trabajo. El texto quedó listo para ser proclamado el 25 de enero de 2010.
En enero de 2009 Santo Domingo envió al FMI una carta de intención en la que informaba que, debido a la concatenación de adversidades internas y externas –encarecimiento del petróleo y los alimentos, turbulencias económicas en Estados Unidos y recesión de las economías desarrolladas, sucesión de dañinas tormentas tropicales-, se había visto obligado a aumentar el gasto público en asistencia alimentaria y los subsidios a la energía y el transporte para atender a las capas más vulnerables de la sociedad. El Gobierno quería relajar la política monetaria para estimular la producción y se comprometía con la consolidación fiscal, pese a la coyuntura de ingresos a la baja, todo bajo el esquema de monitorización post-programa del FMI. En noviembre, el organismo aprobó para la República Dominicana un crédito stand-by de 1.700 millones de dólares a 28 meses con el fin de apoyar la estrategia del país para "enfrentar los efectos adversos del entorno económico global" y "preservar los logros de los últimos años".
7. Aportes intelectuales y filiaciones internacionales
Leonel Fernández es doctor honoris causa por las siguientes universidades: París-Sorbona (1999); Harvard (1999); Nacional Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, (2000); Seton Hall de Nueva Jersey (2000); Santiago de Chile (2002); Massachusetts (2005); Nova Southeastern de Florida (2005); Hankuk de Estudios Extranjeros de Corea del Sur (2006); Estatal de Panamá (2006); y Cultural China de Taiwán (2006). También, por el Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (2002) y el Stevens Institute of Technology de Hoboken, Nueva Jersey (2004). Fuera de los ámbitos estrictamente académicos, en 2007 la Marina de Guerra de su país le invistió doctor honoris causa en el área de Defensa y Seguridad Nacional, y en 2009 el Instituto Superior para la Defensa (Insude), de la Fuerza Aérea Dominicana, hizo lo mismo en el campo de las Ciencias Aeronáuticas.
Además de su tesis doctoral y de los ya citados Los Estados Unidos en el Caribe: de la Guerra Fría al plan Reagan y Raíces de un poder usurpado, el dirigente dominicano es el autor del ensayo La globalización y la República Dominicana: nichos y líneas de defensa (1999). Su obra escrita se enriquece con recopilaciones de discursos, como La República Dominicana hacia el nuevo siglo(1999), ponencias para eventos, como Gobierno, partido y sociedad (2000), y artículos de prensa, siendo el caso de Nuevo Paradigma (2003). Otros libros, de tipo memorándum institucional, tienen un perfil más propagandístico de su persona porque en ellos vindica su obra de gobierno. Se citan aquí: Memorias del primer año de gobierno del PLD (1997); Hablando la gente se entiende: el presidente Leonel Fernández y el Diálogo Nacional (1998); Promesas y realidades: 3 años de logros, 1996-1999 (1999); La modernización de la República Dominicana: memorias de una gestión, 1996-2000 (2000); Ningún Gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo; y, Diez años de una visión, el camino de la modernidad y el progreso.
Uno de los estadistas latinoamericanos en ejercicio más conspicuos en las palestras internacionales de debate politológico, Fernández, además de sus vínculos a la FUNGLODE, de la que es presidente honorario desde 2004 –año en que la fundación abrió una filial en Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)-, y al Centro Carter, desarrolla actividades, presta asesoría o posee membresía en: el Círculo de Montevideo; el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos, con sede en Atlanta, Georgia; la Junta Directiva de la revista Foreign Affairs Latinoamérica; el Diálogo Inter-Americano, con sede en Washington, DC; el Club de Madrid; y el Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington, DC. Hasta su desaparición en 2003 estuvo asociado también al Dante B. Fascell North-South Research Center de la Universidad de Miami. En añadidura, preside desde 2000 el Club de Ejecutivos Estados Unidos-Caribe, tutelado por el CSIS, y desde 2002 la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas
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