lunes, 8 de julio de 2013

EL CARTEL DE LOS JUECES, ABOGADOS Y ALGUACILES


                           


          JUECES, FISCALES, ABOGADOS Y ALGUACILES

De todos los carteles este es el más próspero, y actúa dentro de la ley ,todos los demás carteles caen rendidos antes el poder de este engranaje, que el encargado de legalizar todos las actividades de los demás carteles, en nuestro país existen los carteles de la drogas, cartel de los generadores de electricidad, cartel del gas, cartel del  transporte,  cartel de los partidos políticos legislativo, cartel de los viajes ilegales, cartel de los juegos de azar, cartel de los bancos y financieras,  paramos de contar, todos esos carteles forman una asociación de malhechores "legales", este cartel viene desde los tiempos post Trujillo, y ningún partido gobernante ha hecho NADA, para solucionarlo, todos los carteles consiguen las sentencias y las ejecuciones que quieren en nombre de la ley que protege siempre al que puede pagar a un buen abogado, después que la sentencia es ejecutada no hay nada que hacer, sobran los ejemplos.

La selectividad del cartel judicial solo alcanza a los desarropados, los que no tienen para pagar, por esta razón vemos que hay delincuentes reincidentes con más de 10 fichas, y están en la calle choferes con más de 300 multas y no pasa nada, políticos con múltiples expedientes, algunos, archivados  no pasa nada , algunos banqueros condenados por la presión de organismos internacionales, en la lucha contra la droga nunca aparece el dueño o el "Patrón", solo atrapan y condenan a los pendejos ejemplo condenados en el caso Quirino, Figueroa Agosto y Martha Heredia, en los viajes ilegales que han muerto miles de dominicanos, donde están los organizadores de los viajes, nunca aparecen, en los, embargos y ejecuciones ilegales, ejecutados con fuerza pública real o falsa, que hacen las autoridades 

En este país pasan muchas cosas y a nadie le importa y no pasa NADA, a quien podemos recurrir en auxilio o amparo, esperamos que el futuro nos traiga un gobierno que pueda enfrentar a todos los carteles existentes en nuestro país, es preferible buscar soluciones porque los culpables son muchos, habría que cerrar el país.

Se llevan a cabo un elevado número de desalojos forzosos en todo el país, especialmente en el Distrito Nacional y en la Provincia Santo Domingo. Según las ONG locales, entre enero y septiembre de 2011 se efectuaron al menos 100. La mayoría de los desalojos se ejecutan sin el debido proceso ni consulta
Adecuada con las comunidades afectadas, con objeto de disponer de tierras para la construcción de infraestructuras, centros turísticos o complejos industriales. En varias ocasiones se ha tenido noticia de la existencia de víctimas, a veces mortales, causadas por disparos de las fuerzas armadas durante el desalojo forzoso. La falta de escrituras y de seguridad de tenencia –que, según cálculos, afecta a más del 50 por ciento de la población (el 75 por ciento en Provincia Santo Domingo)– son algunos de los argumentos principales esgrimidos por las autoridades para justificar los desalojos forzosos. 

El gobierno tendrá que garantizar que la República Dominicana cumple con sus obligaciones internacionales, en particular con las relativas al derecho a una vivienda adecuada y asequible. Como ha recordado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,9 es esencial adoptar y aplicar todas las medidas legislativas y normativas necesarias para promover la seguridad de la tenencia, reducir la vulnerabilidad y promover el acceso igualitario a los recursos de vivienda; garantizar que sólo se llevan a cabo desalojos en circunstancias excepcionales y tras una consulta genuina con las comunidades afectadas para determinar todas las alternativas viables al desalojo y las opciones de reasentamiento, y  garantizar a las personas objeto de desalojo forzoso aviso adecuado, alojamiento alternativo adecuado, indemnización y medios de interposición de un recurso efectivo.

El Tribunal Superior Administrativo había emitido 15 decisiones en las que condenó a multas monetarias a las empresas que comercializan gas propano por falsear las cantidades que vendían a los consumidores. Pero como extraído del sombrero de un prestidigitador, ese mismo tribunal, de repente, descubre que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor carece de habilitación legal para imponer multas a las empresas estafadoras. El engaño contra la ciudadanía es una verdad que se asocia a la relajada opinión de los jueces para beneficiar al truquero. ¿Habrá desidia, negligencia o complicidad en esa decisión? ¿O todas las anteriores?
El lunes 13 de junio, el Procurador General de la República declaró que trabajaba en las indagatorias relativas al pasaporte que habría obtenido el franco-libanés Zac Takieddine. Para las indagatorias en República Dominicana, designó al Procurador General Adjunto, José Amado Cedano. Él estaría encargado de investigar y ofrecer las conclusiones sobre este hecho delictivo. Sin embargo, al día siguiente, como sacado del sombrero de un prestidigitador, el ministro de las Fuerzas Armadas emitió declaraciones públicas asegurando que no existía ni el pasaporte ni el General mencionados por la justicia de Francia. La Procuraduría General de la República hizo “mutis por el foro” ante la autoritaria declaración del jefe militar. El silencio fue estruendoso. No obstante, un General de la Marina de Guerra vinculado por 30 años al ministro de Relaciones Exteriores fue puesto en retiro por “antigüedad en el servicio”. “La Guardia” se impuso a “La Justicia” en un golpe de mano eminentemente político.
Para completar el desprecio por la justicia dominicana, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró extinguida la acción penal contra políticos aliados al gobierno por haberse agotado los plazos de duración en el caso de Bahía de las Águilas. Lo que no dijo el grupo de jueces fue que el plazo se venció porque el aparato judicial no había actuado con la premura que exigía la ley. O sea que por negligencia, desidia, complicidad, o por todas las anteriores, de la maquinaria judicial, quedaron liberados de sanción los acusados por un engaño colosal contra el Estado dominicano. No en balde el Procurador General de la República calificó ese fraude inmobiliario como “gran crimen contra la sociedad dominicana”. Pero como en el caso del pasaporte diplomático dominicano denunciado en París, el Procurador fue desestimado e ignorado por esos cuestionables jueces. Otro golpe de mano contra la justicia nacional.

                                             TRANSPARENCIA EN LA JUSTICIA


La transparencia que demandan los tiempos modernos no ha llegado a la justicia, sería importante que el pueblo tenga conocimiento de los procesos judiciales, desde que se inician hasta que son convertidos en sentencias, y las postura asumidas por el ministerio público, en los diferentes procesos.

El derecho de acceso a la información judicial consiste en reconocer que los ciudadanos tienen en todo momento la posibilidad de solicitar y obtener información sobre la forma en la que los tribunales procesan y resuelven los conflictos que son sometidos a su consideración, así como la forma en la que operan y ejercen el presupuesto público que les es asignado. Bajo esas mismas premisas, el derecho de acceso a la información judicial se convierte en una obligación de transparencia para las instituciones jurisdiccionales que consiste no sólo en satisfacer las pretensiones de acceso a la información de los ciudadanos sino también en garantizar que la publicidad misma de los procesos que se desarrollan en los tribunales y en mantener activamente una política de comunicación social capaz de informar a la sociedad sobre la forma en la que opera el aparato de administración de justicia y el contenido de las determinaciones jurisdiccionales que expide.
Todo lo anterior debe realizarse vigilando que toda la información que se tramita no afecte el orden público, los valores de la sociedad, los intereses de los menores o a cualquier otra situación que pudiera afectar la correcta administración de justicia.
En consecuencia, el derecho de acceso a la información judicial debe ser analizado desde dos perspectivas:
a)    Por una parte es necesario reconocerlo como un derecho derivado del derecho de acceso a la información pública.
b)    Por la otra, se le debe estudiar como un mecanismo orientado a contribuir a la generación de seguridad jurídica y el fortalecimiento del estado de derecho, a través de la publicidad de los resultados de la función jurisdiccional.
En el primer caso, la situación de los poderes judiciales es igual a la de cualquier poder público. En consecuencia, los poderes judiciales están obligados a proporcionar todo tipo de información sobre sus actividades y su funcionamiento. 


Ver mas detalles:
INFUNCIONALIDAD DE LA JUSTICIA Y LOS OTROS PODERES DEL ESTADO
http://ramonf2004.blogspot.com/2015/12/infuncionabilidad-de-la-justicia-y-los.html 

 SCJ, JCE Y TSE RESPETENSE PARA QUE EL PAIS LAS RESPETE 
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/09/jce-y-tse-respetense-para-que-el-pais.html

EL SISTEMA DE JUSTICIA O INJUSTICIA DOMINICANA
http://ramonf2004.blogspot.com/2013/08/el-sistema-de-justicia-o-injusticia.html

 CASOS MUY PESADOS PARA LA JUSTICIA O INJUSTICIA DOMINICANA
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/02/casos-muy-pesados-para-la-justicia-o.html



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