JUECES, FISCALES, ABOGADOS Y ALGUACILES
De todos los carteles este es el más próspero,
y actúa dentro de la ley ,todos los demás carteles caen rendidos antes el poder
de este engranaje, que el encargado de legalizar todos las actividades de los
demás carteles, en nuestro país existen los carteles de la drogas, cartel de
los generadores de electricidad, cartel del gas, cartel del
transporte, cartel de los partidos políticos legislativo, cartel de los
viajes ilegales, cartel de los juegos de azar, cartel de los bancos y
financieras, paramos de contar, todos esos carteles forman una asociación
de malhechores "legales", este cartel viene desde los tiempos post Trujillo,
y ningún partido gobernante ha hecho NADA, para solucionarlo, todos los
carteles consiguen las sentencias y las ejecuciones que quieren en nombre de la
ley que protege siempre al que puede pagar a un buen abogado, después que la
sentencia es ejecutada no hay nada que hacer, sobran los ejemplos.
La selectividad del cartel judicial solo
alcanza a los desarropados, los que no tienen para pagar, por esta razón vemos
que hay delincuentes reincidentes con más de 10 fichas, y están en la calle
choferes con más de 300 multas y no pasa nada, políticos con múltiples
expedientes, algunos, archivados no pasa nada , algunos banqueros
condenados por la presión de organismos internacionales, en la lucha contra la
droga nunca aparece el dueño o el "Patrón", solo atrapan y condenan a
los pendejos ejemplo condenados en el caso Quirino, Figueroa Agosto y Martha
Heredia, en los viajes ilegales que han muerto miles de dominicanos, donde
están los organizadores de los viajes, nunca aparecen, en los, embargos y
ejecuciones ilegales, ejecutados con fuerza pública real o falsa, que hacen las
autoridades
En este país pasan muchas cosas y a nadie le importa y no pasa NADA, a quien podemos recurrir en auxilio o amparo, esperamos que el futuro nos traiga un gobierno que pueda enfrentar a todos los carteles existentes en nuestro país, es preferible buscar soluciones porque los culpables son muchos, habría que cerrar el país.
Se llevan a cabo un elevado número de
desalojos forzosos en todo el país, especialmente en el Distrito Nacional y en
la Provincia Santo Domingo. Según las ONG locales, entre enero y septiembre de
2011 se efectuaron al menos 100. La mayoría de los desalojos se ejecutan sin el
debido proceso ni consulta
Adecuada con las comunidades afectadas, con
objeto de disponer de tierras para la construcción de infraestructuras, centros
turísticos o complejos industriales. En varias ocasiones se ha tenido noticia
de la existencia de víctimas, a veces mortales, causadas por disparos de las
fuerzas armadas durante el desalojo forzoso. La falta de escrituras y de
seguridad de tenencia –que, según cálculos, afecta a más del 50 por ciento de
la población (el 75 por ciento en Provincia Santo Domingo)– son algunos de los
argumentos principales esgrimidos por las autoridades para justificar los
desalojos forzosos.
El gobierno tendrá que garantizar que la
República Dominicana cumple con sus obligaciones internacionales, en particular
con las relativas al derecho a una vivienda adecuada y asequible. Como ha
recordado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU,9
es esencial adoptar y aplicar todas las medidas legislativas y normativas
necesarias para promover la seguridad de la tenencia, reducir la vulnerabilidad
y promover el acceso igualitario a los recursos de vivienda; garantizar que
sólo se llevan a cabo desalojos en circunstancias excepcionales y tras una
consulta genuina con las comunidades afectadas para determinar todas las
alternativas viables al desalojo y las opciones de reasentamiento, y garantizar
a las personas objeto de desalojo forzoso aviso adecuado, alojamiento
alternativo adecuado, indemnización y medios de interposición de un recurso
efectivo.
El Tribunal Superior Administrativo había emitido 15
decisiones en las que condenó a multas monetarias a las empresas que
comercializan gas propano por falsear las cantidades que vendían a los
consumidores. Pero como extraído del sombrero de un prestidigitador, ese mismo
tribunal, de repente, descubre que el Instituto Nacional de Protección de los
Derechos del Consumidor carece de habilitación legal para imponer multas a las
empresas estafadoras. El engaño contra la ciudadanía es una verdad que se
asocia a la relajada opinión de los jueces para beneficiar al truquero. ¿Habrá
desidia, negligencia o complicidad en esa decisión? ¿O todas las anteriores?
El lunes 13 de junio, el Procurador General de la
República declaró que trabajaba en las indagatorias relativas al pasaporte que
habría obtenido el franco-libanés Zac Takieddine. Para las indagatorias en
República Dominicana, designó al Procurador General Adjunto, José Amado Cedano.
Él estaría encargado de investigar y ofrecer las conclusiones sobre este hecho
delictivo. Sin embargo, al día siguiente, como sacado del sombrero de un
prestidigitador, el ministro de las Fuerzas Armadas emitió declaraciones
públicas asegurando que no existía ni el pasaporte ni el General mencionados
por la justicia de Francia. La Procuraduría General de la República hizo “mutis
por el foro” ante la autoritaria declaración del jefe militar. El silencio fue
estruendoso. No obstante, un General de la Marina de Guerra vinculado por 30
años al ministro de Relaciones Exteriores fue puesto en retiro por “antigüedad
en el servicio”. “La Guardia” se impuso a “La Justicia” en un golpe de mano eminentemente
político.
Para completar el desprecio por la justicia
dominicana, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró
extinguida la acción penal contra políticos aliados al gobierno por haberse
agotado los plazos de duración en el caso de Bahía de las Águilas. Lo que no
dijo el grupo de jueces fue que el plazo se venció porque el aparato judicial
no había actuado con la premura que exigía la ley. O sea que por negligencia,
desidia, complicidad, o por todas las anteriores, de la maquinaria judicial,
quedaron liberados de sanción los acusados por un engaño colosal contra el
Estado dominicano. No en balde el Procurador General de la República calificó
ese fraude inmobiliario como “gran crimen contra la sociedad dominicana”. Pero
como en el caso del pasaporte diplomático dominicano denunciado en París, el
Procurador fue desestimado e ignorado por esos cuestionables jueces. Otro golpe
de mano contra la justicia nacional.
TRANSPARENCIA EN LA JUSTICIA
La transparencia que demandan los tiempos modernos no ha llegado a la justicia, sería importante que el pueblo tenga conocimiento de los procesos judiciales, desde que se inician hasta que son convertidos en sentencias, y las postura asumidas por el ministerio público, en los diferentes procesos.
El derecho de acceso a la información judicial consiste en reconocer que los ciudadanos tienen en todo momento la posibilidad de solicitar y obtener información sobre la forma en la que los tribunales procesan y resuelven los conflictos que son sometidos a su consideración, así como la forma en la que operan y ejercen el presupuesto público que les es asignado. Bajo esas mismas premisas, el derecho de acceso a la información judicial se convierte en una obligación de transparencia para las instituciones jurisdiccionales que consiste no sólo en satisfacer las pretensiones de acceso a la información de los ciudadanos sino también en garantizar que la publicidad misma de los procesos que se desarrollan en los tribunales y en mantener activamente una política de comunicación social capaz de informar a la sociedad sobre la forma en la que opera el aparato de administración de justicia y el contenido de las determinaciones jurisdiccionales que expide.
Todo lo
anterior debe realizarse vigilando que toda la información que se tramita no
afecte el orden público, los valores de la sociedad, los intereses de los
menores o a cualquier otra situación que pudiera afectar la correcta
administración de justicia.
En
consecuencia, el derecho de acceso a la información judicial debe ser analizado
desde dos perspectivas:
a) Por una parte es necesario reconocerlo como un derecho
derivado del derecho de acceso a la información pública.
b) Por la otra, se le debe estudiar como un mecanismo
orientado a contribuir a la generación de seguridad jurídica y el
fortalecimiento del estado de derecho, a través de la publicidad de los
resultados de la función jurisdiccional.
En el primer
caso, la situación de los poderes judiciales es igual a la de cualquier poder
público. En consecuencia, los poderes judiciales están obligados a proporcionar
todo tipo de información sobre sus actividades y su funcionamiento.
Ver mas detalles:
INFUNCIONALIDAD DE LA JUSTICIA Y LOS OTROS PODERES DEL
ESTADO
http://ramonf2004.blogspot.com/2015/12/infuncionabilidad-de-la-justicia-y-los.html
SCJ, JCE Y TSE
RESPETENSE PARA QUE EL PAIS LAS RESPETE
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/09/jce-y-tse-respetense-para-que-el-pais.html
EL SISTEMA DE JUSTICIA O INJUSTICIA DOMINICANA
http://ramonf2004.blogspot.com/2013/08/el-sistema-de-justicia-o-injusticia.htmlCASOS MUY PESADOS PARA LA JUSTICIA O INJUSTICIA DOMINICANA
http://ramonf2004.blogspot.com/2014/02/casos-muy-pesados-para-la-justicia-o.html
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