La "secreta" liquidación de Segna
No está claro cuánto dinero hay en fondo, dónde están depositados, y bajo qué autorización legal, la Superintendencia de Seguros tomó un préstamo de RD$52 millones de esos fondos.
A diez años de su cierre forzoso y del inicio de su proceso de liquidación, los fondos de la compañía Segna, la más importante empresa de seguros de la República Dominicana, se encuentran congelados en los bancos, sin que el Banco Central de la República Dominicana, beneficiario de los mismos en virtud del contrato firmado con la familia Pellerano, pueda acceder a ellos.
La paradoja resulta inexplicable, pues al tratarse de dos instituciones del Estado, -la Superintendencia de Seguros, liquidadora legal de Segna y el Banco Central de la República, destinatario de los fondos-, la colaboración debiera ser la norma.
La historia del cierre y liquidación de la compañía Segna, cuyo nombre original era Compañía Nacional de Seguros, es digna de ser contada.
Segna formaba parte del Grupo Financiero Nacional, fundado por el Dr. Máximo A. Pellerano en la década de 1960, y pronto se convirtió en la principal empresa de seguros del país. A la hora de su cierre, a consecuencia de los problemas que afectaron al Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), durante la crisis bancaria del año 2003, la empresa tenía la mayor cartera de seguros de la nación.
Por varios años consecutivos, Segna obtuvo el primer lugar en primas netas vendidas, a través de dinámicos procesos de mercadeo y de la correcta cobertura de todos sus riesgos. La clientela de Segna incluía desde las más importantes empresas del país, hasta miles de suscriptores de seguros de vida de todas las clases sociales de la nación.
El cierre de Segna probó ser un error grave, en vista de que la compañía era viable desde cualquier punto de vista. Tenía problemas momentáneos de liquidez que podían ser salvados sin gran dificultad, pero mantenía una sólida cartera de clientes y un gran prestigio empresarial.
El afán devorador de políticos y competidores pudo más en su momento que el interés de salvar una empresa que daba empleo a miles de dominicanos.
Hoy en día, luego del proceso de liquidación llevado a cabo por la Superintendencia de Seguros, particularmente durante el mandato del Dr. Euclides Gutiérrez Félix, se encuentran depositados en bancos del país unos mil doscientos millones de pesos (RD$1,200,000,000) producto de la liquidación neta de sus activos, menos sus pasivos. Todo ello muestra que la empresa era salvable, y que constituyó un error de bulto de las autoridades de entonces proceder a su cierre.
La liquidación de Segna
De acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, cuando ocurre la liquidación forzosa de una empresa de seguros o reaseguros, la Superintendencia de Seguros asumirá la función de liquidadora de la entidad, según las disposiciones legales.
En esa virtud, la liquidadora asume el control de los activos de la empresa, hasta tanto se hayan agotado los procesos legales. La Ley autoriza a la liquidadora a disponer de la venta de aquellos activos que puedan deteriorarse, y a formalizar el cobro de todas las acreencias que tenga la compañía. De la misma manera, deberá ir saldando las deudas y/o reclamaciones existentes hasta concluir el proceso.
La liquidación forzosa de Segna fue ordenada el 19 de noviembre del año 2003 y el 5 de septiembre del 2006 se procedió a integrar la Comisión de Liquidación, compuesta por los señores Cristian Reyna T., Luz María Duquela y Rafael Melgen Semán, los dos últimos abogados.
El proceso de cobro y venta de activos se realizó con bastante presteza. Los principales locales de Segna, tanto en la capital como en Santiago fueron vendidos a instituciones del Estado. El antiguo local principal de Segna fue vendido al Estado dominicano y es donde ahora tiene su sede el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y EdeNorte adquirió una importante propiedad en Santiago.
Asimismo, se realizaron cobros a deudores de la empresa por montos millonarios.
En un informe remitido al superintendente de Seguros, Dr. Euclides Gutiérrez Félix, el 19 de enero de 2010, Cristian Reyna Tejada, coordinador de la Comisión de Liquidación y Rafael Melgen Semán, Abogado Externo, informan al Superintendente que en ese momento las cuentas de Segna tenían disponibles RD$758 millones en certificados de depósito en bancos locales.
Un año más tarde, en el programa El Informe con Alicia Ortega, la que fuera hasta marzo del 2010 administradora de la liquidación de Segna, señora Suzy Lora de Nouel, declaró que "había aproximadamente RD$800 millones de pesos a mi salida, tanto en el BHD, como en el (Banco de) Reservas en certificados financieros".
Esa cantidad, a pesar de los pagos realizados, se entiende que supera los mil doscientos millones de pesos en la actualidad.
En el mencionado informe, los liquidadores se quejan de que no fueron consultados sobre un préstamo que se auto otorgó la Superintendencia de Seguros de los fondos de Segna, por un monto de RD$52 millones, "para la construcción de su nuevo edificio". La comisión de liquidación entendía que el préstamo no procedía, porque "la condición de Segna de ser una empresa en liquidación prohíbe que sus fondos sean destinados a otra actividad que no sea la de devolver a los reclamantes sus acreencias".
A partir de esos cuestionamientos, el 1ro de julio del 2010, la Superintendencia de Seguros canceló el contrato con el abogado Melgen Semán, quien, a su vez, inició un proceso de solicitud de información, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, que fue llevado ante el Tribunal Superior Administrativo ante la negativa de la Superintendencia de Seguros a suministrar las informaciones requeridas.
El 5 de diciembre del 2012, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia que se encarga de los asuntos laborales, de tierras, contencioso-administrativo y contencioso-tributario, falló de manera definitiva en contra de la Superintendencia de Seguros, que fue condenada a entregar las informaciones demandadas. Se ignora si la sentencia fue ejecutada. Diario Libre intentó contactar al abogado para confirmar la información, pero no fue posible localizarlo.
En los últimos años, la familia Pellerano ha estado en contacto con la Superintendencia de Seguros a los fines de finalizar el proceso de liquidación, y de que los fondos resultantes sean entregados al Banco Central de la República, en virtud del Acuerdo Transaccional firmado para cumplir con sus obligaciones en el caso Bancrédito, pero hasta la fecha no ha sido posible llegar a un entendido con la Superintendencia de Seguros.
Una persona conocedora del tema dice no explicarse bajo qué argumentos puede seguirse dando largas a un asunto que ya está resuelto, y que perjudica al Estado dominicano, pues le entrarían fondos frescos por al menos RD$1,000 millones, dinero que está líquido en bancos nacionales.
